Venezuela: Delcy Rodríguez anunció una amnistía general y el cierre del centro de detención El Helicoide

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció una amnistía general que abarcará hechos vinculados a la violencia política desde 1999 hasta la actualidad, junto con el cierre del centro de detención El Helicoide, ubicado en Caracas y señalado durante años por presuntas violaciones a los derechos humanos.

El anuncio fue realizado durante la apertura del año judicial en la sede del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y transmitido por la televisión estatal. Rodríguez informó que el proyecto de ley será enviado con carácter de urgencia a la Asamblea Nacional, de mayoría oficialista, con el objetivo de promover la reconciliación y la convivencia entre los venezolanos.

Según explicó, la iniciativa busca “reparar las heridas generadas por la confrontación política” y exhortó a los beneficiarios de eventuales excarcelaciones a no actuar con “venganza, revancha ni odio”. La propuesta excluye a personas procesadas o condenadas por delitos como homicidio, narcotráfico, corrupción y graves violaciones a los derechos humanos, aunque el texto completo de la ley aún no fue difundido.

El anuncio se produce en el marco de un proceso de liberación de detenidos iniciado a comienzos de enero. De acuerdo con la organización Foro Penal, actualmente permanecen detenidas 711 personas por motivos políticos, aunque más de 300 fueron liberadas desde el inicio de la nueva administración. No obstante, la ONG advirtió que miles de ciudadanos continúan bajo medidas restrictivas de su libertad.

En el mismo acto, Rodríguez confirmó el cierre de El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), denunciado por organizaciones humanitarias como un centro de torturas. Según detalló, el edificio será reconvertido en un espacio de uso social, deportivo, cultural y comercial para la comunidad.

Organizaciones de derechos humanos recibieron la medida con cautela, señalando que la amnistía debe garantizar la restitución de derechos fundamentales y no ser interpretada únicamente como un acto de clemencia estatal.