Tierras fiscales: la Fiscalía apeló y busca que Capitanich sea procesado por lavado de activos

Carlos Amad cuestionó el fallo que descartó esa figura contra el exgobernador chaqueño y la exministra Marta Soneira. Ahora, el fiscal general Patricio Sabadini deberá definir si sostiene el recurso ante la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia.

La causa que investiga la adjudicación de más de 3.600 hectáreas de tierras fiscales en Chaco a empresarios vinculados comercialmente con la pareja de una exministra volvió a quedar en el centro de la escena judicial.

El fiscal federal Carlos Amad apeló la resolución del juez federal de Presidencia Roque Sáenz Peña, Fernando Carbajal, quien había procesado al exgobernador y actual senador nacional Jorge Capitanich y a la exministra Marta Soneira por distintos delitos contra la administración pública, pero había descartado investigar el caso bajo la figura de lavado de activos.

El recurso fue presentado el 31 de julio y sostiene que el magistrado interpretó de manera incorrecta la hipótesis planteada por el Ministerio Público Fiscal. Para Amad, la presunta maniobra de lavado no se habría agotado con la adjudicación de las tierras, sino que esa entrega habría sido el punto de partida de un circuito económico posterior.

La hipótesis de la Fiscalía

Uno de los principales argumentos del fiscal es que las tierras fiscales habrían constituido el activo inicial sobre el cual posteriormente se desarrollaron actividades empresariales y se generaron ganancias.

"La adquisición en sí de tierras fiscales no es 'per se' la única acción o conducta analizada en este caso para considerar el delito de lavado, es el principio de la maniobra, no se agota en ella", sostuvo Amad en su apelación.

La Fiscalía puso bajo análisis a las empresas Grupo Pampa Agro SRL y Pampa Semillas SRL, vinculadas con Mauricio Cian, Federico Storti, Leandro Bessone y Nelson Pochón.

Según la acusación, más de 3.000 hectáreas adjudicadas a integrantes de ese entramado empresarial habrían permitido posteriormente desarrollar actividades productivas y generar ingresos que ingresaron al circuito económico formal.

Para Amad, esos movimientos patrimoniales posteriores deben ser analizados conjuntamente con las adjudicaciones de tierras.

Qué rol les atribuyen a Capitanich y Soneira

En el recurso, el fiscal también profundizó la responsabilidad que pretende atribuirle al exgobernador Capitanich y a la exministra Soneira.

La hipótesis del Ministerio Público es que ambos habrían tenido una participación necesaria en la maniobra debido a sus intervenciones desde el Estado, que habrían permitido a los empresarios acceder a las tierras y posteriormente explotarlas económicamente.

"Capitanich y Soneira son partícipes necesarios en tanto que son ellos quienes a partir de la adjudicación de las tierras les dan las herramientas a los demás consortes de causa y así seguir adelante con la maniobra delictiva", sostuvo Amad.

No obstante, se trata de la hipótesis de la Fiscalía y no de hechos que hayan sido probados judicialmente.

Qué había resuelto el juez Carbajal

El pasado 16 de julio, el juez federal Fernando Carbajal procesó a Jorge Capitanich y Marta Soneira como presuntos coautores de fraude en perjuicio de la Administración Pública, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.

También fueron procesados Mauricio Cian, Federico Storti, Leandro Bessone y Nelson Pochón por fraude contra la Administración Pública.

La investigación se concentra principalmente en cuatro inmuebles rurales ubicados en el departamento Almirante Brown, que en conjunto representan unas 3.635 hectáreas.

La hipótesis judicial sostiene que empresarios que mantenían vínculos comerciales con Cian, pareja de Soneira, habrían accedido a campos fiscales mediante expedientes en los que intervinieron funcionarios provinciales.

Capitanich, durante su gestión como gobernador, firmó decretos que ratificaron algunas de esas adjudicaciones.

El exmandatario sostuvo que su intervención era parte del procedimiento administrativo y que los expedientes habían sido previamente analizados por organismos técnicos y de control.

Carbajal, sin embargo, consideró que la firma del gobernador no constituía una simple formalidad y que, en adjudicaciones superiores a las 300 hectáreas, la legislación provincial exige una intervención del Poder Ejecutivo que implica un control sustancial.

Al mismo tiempo, el juez rechazó las imputaciones por lavado de activos, enriquecimiento ilícito y malversación de caudales públicos.

Es precisamente la exclusión del lavado de activos la que ahora Amad intenta revertir mediante la apelación.

El crecimiento patrimonial de las empresas

Para fundamentar su planteo, el fiscal incorporó información patrimonial y contable relacionada con las empresas investigadas.

Entre otros elementos, mencionó que Grupo Pampa Agro SRL registró un crecimiento de su activo corriente desde aproximadamente $48,5 millones hasta $177,6 millones en los ejercicios analizados.

También señaló presuntas inconsistencias al comparar determinados créditos por ventas con declaraciones juradas.

A esto sumó beneficios obtenidos por una de las firmas dentro de un régimen de promoción industrial. La Fiscalía mencionó una bonificación del 30% sobre el consumo eléctrico, que habría representado un ahorro de aproximadamente $28,5 millones entre agosto de 2023 y julio de 2025, además de un reintegro equivalente al 30% de una inversión, estimado en unos $9 millones a valores de 2022.

Para Amad, esos movimientos deben ser analizados junto con las tierras adjudicadas y el crecimiento posterior de las empresas.

El juez Carbajal, en cambio, había considerado que esos beneficios no resultaban suficientes para sostener las imputaciones tal como habían sido formuladas y señaló que fueron tramitados ante otro ministerio, sin que se hubiera acreditado de manera suficiente la intervención concreta de Capitanich o Soneira.

Capitanich cuestionó el procesamiento

Tras conocerse el fallo, Jorge Capitanich rechazó las acusaciones y anticipó que recurriría su procesamiento.

El exgobernador sostuvo que la causa era "un invento desde la primera página hasta la última" y calificó las imputaciones como "absolutamente infundadas, incongruentes e inconsistentes".

También cuestionó que se lo responsabilizara por la ratificación de adjudicaciones que, según afirmó, habían atravesado previamente al Instituto de Colonización y a distintos organismos provinciales.

Respecto de la acusación por lavado de activos, Capitanich sostuvo que las tierras continuaban registradas a nombre del Estado provincial y que no se había producido una transferencia de dominio que permitiera configurar la maniobra denunciada.

Además, planteó una cuestión vinculada con la competencia judicial: consideró que, si los hechos investigados corresponden a supuestas irregularidades cometidas por funcionarios provinciales, la causa debería ser analizada por la Justicia ordinaria de Chaco y no por el fuero federal.

Sabadini deberá definir el próximo paso

La apelación presentada por Carlos Amad ahora deberá ser analizada por el fiscal general Patricio Sabadini, quien tendrá que decidir si sostiene el recurso para que llegue a la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia.

Si la apelación continúa adelante, la Cámara deberá analizar si corresponde mantener la hipótesis de lavado de activos planteada por la Fiscalía o confirmar el criterio adoptado por el juez Carbajal.

La decisión será clave para el futuro del expediente, ya que también podría incidir en la discusión sobre la competencia federal.

El punto central será determinar si la presunta adjudicación irregular de las tierras y las posteriores ganancias empresariales pueden ser consideradas, como sostiene la Fiscalía, distintas etapas de una misma maniobra de lavado de activos, o si corresponde limitar la investigación a los delitos contra la administración pública y eventualmente discutir el traslado de la causa al fuero provincial.