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La investigación por presunto lavado de activos vinculada a la cadena de gimnasios Exen atraviesa este lunes una instancia decisiva. Con el vencimiento de los plazos establecidos, la Justicia Federal deberá definir la situación procesal de las personas imputadas.
La resolución estará a cargo de Zunilda Niremperger, titular del Juzgado Federal N°1 de Resistencia, quien deberá analizar las pruebas reunidas y determinar si corresponde avanzar con los procesamientos. En caso de hacerlo, también deberá resolver qué medidas restrictivas continuarán vigentes.
La causa es investigada por el fiscal federal Patricio Sabadini y tiene bajo análisis el origen de los fondos utilizados para la expansión de Exen, además de movimientos financieros, bienes, vehículos e inversiones vinculadas con los imputados.
En total hay siete personas imputadas: Sergio Nicolás Clinis Canal, Federico Alejandro Clinis Canal, Mauro Emmanuel Lugo Heim, María Graciela Canal, Yamil Gabriel Gane, Jorge César Alberto Vargas y Raquel Edith Bohacek.
Tres de ellos —Federico Clinis Canal, Mauro Lugo Heim y Yamil Gane— fueron detenidos durante los allanamientos del 7 de agosto. Sergio Nicolás Clinis Canal y María Graciela Canal se encontraban fuera del país y fueron alcanzados por pedidos de captura internacional.
Ambos se presentaron voluntariamente el 12 de agosto en el Puente Internacional San Ignacio de Loyola, en Clorinda, y quedaron a disposición de la Justicia. Vargas y Bohacek, en tanto, permanecen imputados pero en libertad.
Los involucrados fueron citados posteriormente a declaración indagatoria y optaron por abstenerse de declarar.
Al resolver la situación procesal, Niremperger puede disponer el procesamiento, la falta de mérito o el sobreseimiento de los acusados.
Si alguno resulta procesado, también deberá definirse si corresponde mantener la prisión preventiva o aplicar una medida menos restrictiva.
Uno de los antecedentes dentro del expediente es el pedido de excarcelación presentado por la defensa de Yamil Gane, que fue rechazado por el Juzgado Federal N°1 al considerar que persistían riesgos procesales.
Uno de los principales puntos de la pesquisa es determinar si existe correspondencia entre los ingresos declarados por los investigados y las inversiones realizadas para ampliar la cadena de gimnasios.
Según uno de los relevamientos incorporados al expediente, se habrían destinado más de $2.523 millones al acondicionamiento e infraestructura de seis establecimientos.
La investigación también analiza movimientos financieros, aspectos tributarios, vehículos, inmuebles, criptomonedas y posibles vínculos con una causa previa relacionada con narcotráfico.
La hipótesis del Ministerio Público Fiscal sostiene que podrían haberse incorporado al circuito económico fondos de origen ilícito, aunque esa acusación deberá ser acreditada judicialmente. Los imputados, mientras tanto, mantienen su presunción de inocencia.
La causa tomó estado público el 7 de agosto, cuando se realizaron 18 allanamientos simultáneos en Chaco y Corrientes.
Los procedimientos alcanzaron gimnasios, viviendas y otros inmuebles relacionados con los investigados. Participaron efectivos de Gendarmería Nacional y de la Policía del Chaco, junto con especialistas en materia contable e informática.
