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Libertad accedió a la resolución del Juzgado Federal N°1 de Resistencia, que procesó con prisión preventiva a cinco de los siete investigados en la causa por presunto lavado de activos vinculada a la expansión de los gimnasios Exen y otros emprendimientos. Tres deberán permanecer detenidos en una unidad federal y otros dos cumplirán arresto domiciliario.
La investigación federal por presunto lavado de activos que alcanzó a los responsables y vinculados a los gimnasios Exen tuvo este viernes una de sus definiciones judiciales más importantes. Según pudo saber Libertad , la jueza federal de Resistencia Zunilda Niremperger resolvió la situación procesal de los siete imputados y dictó cinco procesamientos con prisión preventiva y dos faltas de mérito.
La resolución, de 228 páginas y fechada hoy, establece el procesamiento con prisión preventiva de Federico Alejandro Clinis Canal, Sergio Nicolás Clinis Canal, Mauro Emmanuel Lugo Heim y María Graciela Canal, a quienes la magistrada consideró, con el grado de probabilidad exigido en esta etapa, coautores del delito de lavado de activos agravado por habitualidad, previsto en el artículo 303, incisos 1° y 2°, apartado a), del Código Penal.
En el caso de Federico Clinis Canal, Sergio Clinis Canal y Mauro Lugo Heim, el juzgado ordenó gestionar cupos en la Unidad 7 del Servicio Penitenciario Federal, por lo que continuarán privados de su libertad mientras avanza el expediente.
Para María Graciela Canal, en cambio, Niremperger dispuso mantener la prisión preventiva bajo la modalidad de arresto domiciliario que ya venía cumpliendo. La resolución fija, entre otras condiciones, la prohibición de abandonar el domicilio y salir del país, el sometimiento al proceso y el control mediante dispositivo electrónico de vigilancia.
La jueza también procesó con prisión preventiva a Jorge César Alberto Vargas, aunque con una calificación diferente: lo consideró partícipe necesario del delito de lavado de activos. En su caso, la preventiva también deberá cumplirse bajo arresto domiciliario, con prohibición de salir del país, retención del pasaporte, controles periódicos y vigilancia electrónica. El incumplimiento de esas condiciones podría derivar en la revocación del beneficio y su traslado a una dependencia de detención.
La resolución tuvo un resultado diferente para Yamil Gabriel Gane, respecto de quien Niremperger dictó falta de mérito y ordenó su inmediata libertad, siempre que no exista otra orden judicial que impida su excarcelación. Gane continuará, no obstante, sujeto al proceso, deberá mantener actualizado su domicilio y presentarse ante la Justicia cada vez que sea convocado.
También se dictó falta de mérito para Raquel Edith Bohacek, quien continuará en libertad y vinculada a la investigación. La falta de mérito no implica un sobreseimiento: significa que, por el momento, el juzgado considera que no existen elementos suficientes para procesar ni para desvincular definitivamente a los investigados, por lo que la pesquisa puede continuar incorporando pruebas.
La jueza ordenó además embargos millonarios. Sobre los bienes de Federico Clinis Canal, Sergio Clinis Canal, María Graciela Canal y Mauro Lugo Heim fijó, para cada uno, un embargo de hasta $5.820.687.000. Para Jorge Vargas, el monto fue establecido en $2.910.343.500.
El expediente se inició formalmente el 29 de diciembre de 2025, a partir de información incorporada mediante un acuerdo de colaboración homologado judicialmente. De acuerdo con la resolución a la que accedió Libertad, uno de los puntos de partida fue la posible vinculación del grupo familiar Clinis, a través de Clinis Automotores, con José Heraldo Romero, alias "Portal", procesado en otra causa federal junto a otras personas por delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes, lavado de activos y tenencia ilegal de armas.
A partir de esa información se profundizó una investigación que terminó derivando, el pasado 7 de agosto, en 18 allanamientos en Chaco y Corrientes, con la intervención de alrededor de 200 gendarmes. Los procedimientos alcanzaron gimnasios Exen, domicilios, concesionarias, escribanías, estudios contables y otros emprendimientos que quedaron bajo análisis de la Justicia Federal.
La hipótesis investigativa apunta a determinar el origen de los fondos utilizados en una rápida expansión comercial y patrimonial, que incluyó nuevas sedes de gimnasios y proyectos en Chaco y Corrientes. Entre los elementos que habían quedado bajo análisis aparecen diferencias millonarias entre equipamiento adquirido y declarado, inversiones en obras civiles y operaciones comerciales que la Justicia busca establecer si pudieron constituir maniobras para introducir al circuito legal dinero proveniente de actividades ilícitas.
FUENTE RADIO LIBERTAD
