El Tribunal Oral Federal de Resistencia ordenó el levantamiento definitivo de los embargos, inhibiciones y demás medidas cautelares que pesaban sobre la exintendenta de Resistencia Aída Ayala y otros cinco imputados que fueron absueltos en la causa conocida como “Lavado II”.

La resolución fue dictada este martes 29 de septiembre por los jueces Juan Manuel Iglesias, Enrique Jorge Bosch y Osvaldo Alberto Facciano.

La medida también alcanza a Daniel Fischer, Carlos Huidobro, Luis Escobar, Alfredo Bouza y Patricia Vázquez.

Restitución de propiedades, vehículos y documentación

El tribunal dispuso la restitución de los bienes muebles e inmuebles y de la documentación que había sido secuestrada durante la investigación, de acuerdo con los inventarios incorporados al expediente.

Además, la resolución alcanza a las empresas RECIFIS SRL y DAFSA SA, que se encontraban bajo administración e intervención judicial. Los interventores y veedores deberán cesar sus funciones una vez concretada la restitución de los bienes.

También se ordenaron las diligencias necesarias ante organismos como el Banco Central, el Registro de la Propiedad Inmueble y el Registro Nacional de la Propiedad del Automotor para concretar el levantamiento de las restricciones.

El motivo de la decisión judicial

El TOF explicó que la medida se adopta en cumplimiento de lo resuelto por la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, que había revocado las medidas precautorias.

Los jueces señalaron que, luego de las absoluciones dictadas, las restricciones patrimoniales ya no cuentan con fundamento jurídico para mantenerse vigentes.

El tribunal también rechazó el pedido del Ministerio Público Fiscal para conservar las medidas mientras continúa el trámite de un recurso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Según la resolución, la presentación de una queja ante la Corte no genera automáticamente un efecto suspensivo sobre las decisiones que liberaron a los acusados de las restricciones patrimoniales.

El recorrido de la causa “Lavado II”

El expediente tuvo una extensa tramitación judicial. En mayo de 2024, el Tribunal Oral Federal de Resistencia había condenado a Aída Ayala a tres años de prisión en suspenso e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por fraude en perjuicio de la administración pública, aunque la había absuelto por el delito de lavado de dinero.

Posteriormente, en octubre de 2025, la Cámara Federal de Casación Penal revocó esa sentencia y absolvió a Ayala y a los demás acusados.

Con esta nueva resolución, el Tribunal Oral Federal de Resistencia dispuso ahora que se levanten definitivamente las medidas que todavía afectaban los bienes de quienes fueron absueltos y que se avance con su restitución.