La Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia ratificó los procesamientos por presunto fraude contra la administración pública y asociación ilícita contra Ramón “Tito” López y miembros de su familia. En el caso de Marta Soneira y otros dos exfuncionarios, descartó la acusación por fraude, aunque mantuvo sus procesamientos por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público.

La Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia confirmó los procesamientos de Ramón Alberto “Tito” López, su esposa Librada Beatriz Romero, sus hijos David Alberto López, Walter Ramón López y Daniel Orlando López, y su nuera Dévora Liliana Acosta, en el marco de la causa que investiga presuntas irregularidades relacionadas con tierras fiscales y fondos públicos en Chaco.

El tribunal también ratificó los procesamientos de los empresarios Walter Emanuel Brua y Diego Hernán Brua, además de la escribana María Luisa Artieda.

La resolución modificó, en cambio, la situación procesal de los exfuncionarios Marta Elena Soneira, Raúl John París y Cinthia Noemí Kaplan. La Cámara entendió que los elementos reunidos hasta el momento no son suficientes para atribuirles participación en el presunto fraude contra el Estado y los desvinculó de esa acusación.

Sin embargo, los tres continúan procesados por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público, debido a supuestas irregularidades vinculadas con las obligaciones de control y fiscalización sobre tierras fiscales.

Qué se investiga

La causa tiene dos ejes principales. Uno está relacionado con el funcionamiento de las fundaciones “Dueños de la Raza”, “Buen Vivir y Trabajo” y “Construyendo País”, vinculadas al grupo familiar López-Romero.

De acuerdo con la investigación citada en el fallo, las organizaciones habrían facturado al Estado provincial más de $167 millones, pese a que presuntamente no contaban con una estructura operativa acorde con los servicios declarados.

Entre los elementos considerados por la Justicia aparecen la supuesta falta de empleados registrados y de bienes muebles e inmuebles, además de que las sedes sociales habrían sido fijadas en un domicilio particular vinculado al grupo familiar.

Para la Cámara, esos elementos permiten sostener, en esta etapa procesal y de manera provisoria, la hipótesis de una posible maniobra para obtener fondos públicos.

La investigación por las tierras fiscales

El segundo tramo de la causa involucra 11 parcelas rurales pertenecientes a la Provincia, ubicadas en el departamento General Güemes.

Según la investigación, integrantes del grupo López-Romero habrían presentado declaraciones juradas e información presuntamente falsa ante el Instituto de Colonización para acceder a tierras originalmente destinadas al MTD “17 de Julio”.

Posteriormente, la Justicia puso bajo análisis la constitución del fideicomiso “La Alejandra Uno” y la celebración de contratos de leasing con opción de compra.

La hipótesis judicial sostiene que esa operatoria habría sido utilizada para eludir la prohibición de disponer de las parcelas durante un período de diez años.

En este tramo aparecen los empresarios Walter y Diego Brua, quienes participaron en la constitución del fideicomiso y en seis contratos de leasing vinculados con unas 3.000 hectáreas.

Respecto de la escribana María Luisa Artieda, el tribunal consideró provisoriamente que su participación habría sido necesaria para formalizar los contratos investigados.

Qué pasó con los embargos

La Cámara también revisó las medidas patrimoniales dictadas previamente.

Se mantuvieron los embargos por $100 millones sobre Ramón López, Librada Romero, David López, Walter López, Daniel López, Dévora Acosta, Walter Brua, Diego Brua y María Luisa Artieda.

En cambio, fueron revocados los embargos por ese monto contra Marta Soneira, Raúl París y Cinthia Kaplan. El Juzgado Federal N.º 2 deberá establecer nuevos valores acordes con el delito por el cual permanecen procesados.

La resolución confirma los procesamientos sin prisión preventiva. Se trata de una decisión sobre la situación procesal de los investigados y no de una sentencia condenatoria, por lo que las responsabilidades penales definitivas deberán determinarse durante el avance de la causa.