Un abogado presentó una denuncia contra el diputado nacional de Juntos por el Cambio, Fernando Iglesias, por interrumpir el discurso del presidente Alberto Fernández durante la apertura de las sesiones en el Congreso.
El abogado Antonio Liurgo basó su acusación contra Iglesias en el artículo 241 del Código Penal, que prevé una condena de 15 días a seis meses de prisión para "el que perturbare el orden de las sesiones de los cuerpos legislativos nacionales o provinciales, en las audiencias de los tribunales de justicia o donde quiera que una autoridad está ejerciendo sus funciones" y para quien "impidiere o estorbare a un funcionario público cumplir un acto propio de su función".

A su vez, Luirgo exigió la intervención de un profesional de la salud mental para verificar una “posible perturbación” de Iglesias.

El abogado denunciante pidió que se establezca si Fernando Iglesias padece "indicios de patología psiquiátrica" y "cualquier otro dato de interés respecto de su estructura psicológica de base que le impida conocer la criminalidad de acto aquí investigado", según indica la denuncia.

"Vengo a requerir que los canales de noticias remitan todas las disputas y actos indecorosos, agresiones, insultos, y defensas del nazismo, violencia de género y toda falta de urbanidad, decoro, o evidencia de patología; con remisión al cuerpo de Peritos Forenses de la Corte para que se expida sobre la posible perturbación de la orientación espacio temporal de Iglesias", dice la denuncia.

En cuanto a las pruebas, el abogado Luirgo mencionó las declaraciones de "las tres mujeres que compartían e integraban protocolarmente sentadas a ambos extremos Sr. Presidente de la Nación al momento de producirse el hecho que aquí se denuncia: Cristina Fernández de Kirchner, Beatriz Rojkes de Alperovich y Cecilia Moreau".

La denuncia dice además que Alberto Fernández "se vio obligado a interrumpir su discurso y responder a la perturbada actitud del representante del Pueblo, quién reclamaba entre varias cuestiones con irrespetuosidad la falta de conocimiento del derecho del Presidente, y lo llevaba adelante con una conducta delictual prevista".