El fiscal Guillermo Marijuán solicitó a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello dar de baja a 2.954 beneficiarios que cobran a través del ANSES la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM). 

El motivo del pedido es que estos beneficiarios no cumplen con la normativa de mantener la residencia en el país, uno de los requisitos básicos. Según los registros de la Dirección de Migraciones, estas personas se inscribieron como personas mayores de 65 años y "vulnerables" pero después regresaron a su país de origen. 

Además, hay otros 7.512 titulares de PUAM que estuvieron fuera del país por más de 60 días, que también incumple los requisitos.

Estos beneficios cuestan al Estado $449.341.802 millones, que anualizado trepa a los $5.842.000.000. 

Es por esa razón que el fiscal federal le solicitó a Pettovello que: "Teniendo en consideración el plazo transcurrido desde que cada uno de los beneficiarios salió del país, evalúe la inmediata suspensión de la citada pensión, dado que resulta imperioso hacer cesar los efectos de una posible conducta delictiva vinculada al incumplimiento del requisito previsto en la normativa reseñada", fue el pedido específico que recibió Pettovello.

La ley 27.260 es la que corresponde a la Pensión Universal para el Adulto Mayor que determina el beneficio vitalicio y no contributivo a personas mayores de 65 años en estado de vulnerabilidad. 

Entre los requisitos de acceso y continuidad de cobro de la pensión, se establece que el beneficiario debe "ser ciudadano argentino nativo, por opción o naturalizado, en éste último caso con una residencia legal mínima en el país de diez (10) años anteriores a la fecha de solicitud del beneficio, o ser ciudadanos extranjeros, con residencia legal mínima acreditada en el país de veinte (20) años, de los cuales diez (10) deben ser inmediatamente anteriores a la fecha de solicitud del beneficio".