Este lunes, el Juzgado Civil y Comercial Federal N° 3 fue escenario de una reunión clave que involucró a representantes de 41 prepagas, además de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) y la Secretaría de Industria y Comercio, representando al Gobierno. La cita, prevista desde las 10 de la mañana, comenzó poco antes de las 11, tras algunos contratiempos logísticos.

La participación inesperada de la Secretaría de Comercio, aceptada por el juez Juan Rafael Stinco el viernes anterior, tomó por sorpresa a varias prepagas. Esta dependencia solicitó su inclusión al considerar que las resoluciones de la audiencia podrían influir en su investigación separada sobre supuesta cartelización en el sector.

A pesar de que el artículo 125 del Código Procesal Civil y Comercial establece que la audiencia debe ser pública, el juez Stinco decidió no permitir la entrada a los medios de comunicación alegando "falta de espacio" y la necesidad de un entorno de trabajo adecuado.

La audiencia, que se realizó de forma presencial a diferencia de la tendencia virtual, se presentaba compleja debido a la diversidad de situaciones financieras de las empresas involucradas. El juez Stinco otorgó un tiempo inicial a las prepagas para que intentaran consensuar una propuesta común. Mientras tanto, se reunió por separado con los representantes de la Superintendencia y de Comercio en su despacho.

Pasadas las 13 horas, las prepagas lograron formular una propuesta conjunta: una devolución de dinero del 24% en 12 cuotas, lo que equivaldría a un descuento del 2% sobre las cuotas futuras, o bien la mitad del excedente cobrado por encima de la inflación. Para aquellos que se acogieron al RIPTE, la devolución se proponía en tres cuotas. Además, a partir de octubre, las cuotas volverían a quedar liberadas del IPC.

Esta propuesta debía ser evaluada por la Superintendencia y Comercio, que al cierre de esta nota aún no habían emitido una decisión. Según fuentes cercanas, la oferta podría ser considerada insuficiente.

La propuesta original de la SSS, presentada el 17 de abril, requería una devolución total del 67,74% del valor sobrefacturado de enero a abril de 2024. Este porcentaje se desglosaba en 10,42% para enero, 14,89% para febrero, 19,56% para marzo y 22,87% para abril.

Además, se supo que las siete prepagas más grandes, acusadas de cartelización, habrían condicionado un acuerdo a la desestimación de esa imputación, aunque la misma no es competencia del juez sino de Comercio. Esta condición fue negada por las prepagas.

El inicio de la audiencia se retrasó debido a la gran cantidad de representantes de prepagas que debían ingresar a la sala del Consejo de la Magistratura, con capacidad para 120 personas. "Uy, lo que va a ser esto. Yo hubiera alquilado Parque Norte", bromeó uno de los asistentes.

Hugo Magonza, nuevo presidente de la Unión Argentina de Salud, afirmó a Clarín: "Tenemos argumentos para demostrar que lo ocurrido no fue una acción cartelizada, sino una medida prudente del sector para no aumentar todo de golpe, haciéndolo de forma progresiva".

La lista de prepagas convocadas incluyó a OSDE, Swiss Medical, Medicus, Omint, Galeno, Medifé, Hospital Italiano, entre otras. La semana pasada, se añadieron otras 18 empresas como International Health Services Argentina S.A., Obra Social YPF, OPDEA y más.

La situación de las pequeñas prepagas, que aún no han sido incluidas en la cautelar, sigue siendo incierta. Mientras algunas han indicado que respetarán lo decidido en la audiencia, otras podrían continuar operando independientemente, dejando a sus afiliados en una situación de desamparo.