Sabadini acusó a secretarios judiciales de "inventar" sumarios administrativos "por orden" de Mianovich

La denuncia, que incluye graves señalamientos contra funcionarios judiciales, ha sido presentada ante la Corte Suprema y el Ministerio de Justicia de la Nación.

El fiscal federal de Resistencia, Patricio Sabadini, presentó un detallado requerimiento de instrucción ante la Justicia, en el que acusa a tres secretarios judiciales —Javier Pastore, Agustín Blanco y Vanesa Bottegoni— de cometer diversos delitos, entre ellos falsedad documental, uso de documentos falsificados y coacciones.

Según Sabadini, estos funcionarios habrían "inventado" un sumario administrativo "por orden" del juez Ricardo Mianovich, titular del Juzgado Federal N° 2 de Resistencia, con el fin de perjudicar a otros empleados del juzgado y consolidar una estructura de control que restringiera la independencia de los trabajadores de la Secretaría Penal.

El fiscal señaló que las irregularidades denunciadas forman parte de un patrón de abuso de autoridad y hostigamiento dentro del Juzgado Federal de Presidencia Roque Sáenz Peña, especialmente hacia los empleados de la Secretaría Penal. Estos incidentes habrían incluido prácticas de maltrato, intimidación y manipulación de documentos, configurando un ambiente de violencia laboral y discriminación de género.

Represalias contra empleados que declararon en contra de Aranda

El requerimiento menciona que Pastore, Blanco y Bottegoni habrían orquestado represalias contra los empleados que declararon en una investigación previa contra el exconjuez federal Miguel Aranda, quien está acusado de delitos graves, como asociación ilícita, tráfico de influencias y concusión agravada, entre otros.

La denuncia también subraya que las represalias se intensificaron contra las empleadas mujeres, especialmente aquellas con responsabilidades familiares, a quienes se les habría restringido o cuestionado la posibilidad de ausentarse para atender a sus hijos.

Testimonios sobre abuso de autoridad y violencia de género

En la presentación, se incluyeron testimonios de empleados que describen cómo se les habría obligado a trabajar hasta altas horas de la noche —a veces hasta las 22:00 horas— y a firmar registros de entrada y salida que no eran requeridos en otras secretarías. Según Sabadini, esta situación persistió hasta la intervención del Sindicato de Empleados Judiciales, y afectó principalmente a las mujeres, quienes también reportaron abusos verbales, humillaciones y trato discriminatorio.

Uno de los testimonios más impactantes relata cómo Pastore buscaba crear conflictos entre los empleados de la Secretaría Penal, incitando divisiones internas. Además, según el requerimiento, habría realizado investigaciones informales sobre el patrimonio y las relaciones personales de algunos empleados, lo que generó un ambiente de intimidación y control.

"Manipulación de documentos y creación de un sumario VIP"

La denuncia también describe la creación de un "sumario administrativo" irregular, en el que participaron Pastore, Blanco y Bottegoni. Este sumario habría sido diseñado para incriminar a dos funcionarios específicos: Carlos Opat y Hemilce Núñez Sánchez. Según Sabadini, el sumario fue abierto sin permitir que los acusados se defendieran o presentaran pruebas, lo que el fiscal califica como una coacción y represalia por las declaraciones de los empleados en el caso Aranda.

Entre las pruebas presentadas, se menciona la manipulación de fechas y documentos con el fin de vincular a los acusados con hechos inexistentes. Sabadini sostiene que este sumario fue creado con el único propósito de desplazar a ciertos empleados y facilitar la ocupación de sus puestos por personal "afín" a Pastore y Blanco.

Mención a la Cámara Federal de Resistencia

El fiscal también cuestionó el "rol desempeñado por la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia" en la designación de Miguel Mariano Aranda como conjuez, y luego de Ricardo Alcides Mianovich como subrogante. Según Sabadini, algunos empleados señalaron que la jueza Rocío Alcalá, miembro de la Cámara, habría expresado públicamente su apoyo a Mianovich y Pastore, lo que generó un clima de temor entre los empleados de la Secretaría Penal y dificultó las denuncias de abuso.

En un fragmento de su presentación, Sabadini afirma que la jueza Alcalá tuvo una reunión con varios empleados, algunas de ellas mujeres, y al ser informada sobre los hechos ocurridos en la Secretaría Penal, cuestionó a los mismos empleados por no haberla informado antes, echando la culpa a las víctimas.

Un ambiente laboral hostil y persecutorio

Además de los testimonios de abuso verbal y discriminación, la denuncia revela la existencia de una "oficina VIP" dentro del juzgado, controlada por Pastore, desde la cual supervisaba y dividía el trabajo de los empleados de la Secretaría Penal. Según el fiscal, esta división fue utilizada para encontrar "material incriminatorio" contra los empleados que Pastore y Blanco consideraban indeseables.

También se mencionan episodios de manipulación de documentos, insultos y desprecios hacia las empleadas con menores ingresos o vehículos modestos, y la constante presión laboral fuera del horario oficial. Sabadini sostiene que todo esto creó un ambiente hostil que afectó tanto el bienestar físico como mental de los trabajadores, especialmente de las mujeres.

La denuncia de Sabadini fue presentada ante la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el Consejo de la Magistratura, la Cámara Federal de Casación Penal y el Ministerio de Justicia de la Nación.