Echaron de la Policía a tres oficiales involucrados con narcotraficantes de Resistencia

Los tres ex oficiales fueron despedidos tras ser descubiertos protegiendo a narcotraficantes y tras encontrar droga en sus viviendas. Fueron condenados y ahora han sido expulsados de la Policía del Chaco.

A pocas semanas de que el Tribunal Oral Federal diera a conocer los fundamentos de la sentencia contra los narco policías de la Comisaría Duodécima, el gobierno provincial decidió expulsar de la Policía del Chaco a los ex agentes Rubén Alberto Molina, Matías Josué Frete y Leandro Gabriel Cocco.

Cabe recordar que Molina y Frete reconocieron sus delitos y acordaron un juicio abreviado, lo que resultó en condenas de 4 años y 2 años de prisión en suspenso, respectivamente. Por su parte, Cocco optó por continuar el juicio, siendo finalmente condenado a 3 años y 6 meses de prisión por los delitos de cohecho pasivo, abuso de autoridad, encubrimiento agravado y asociación ilícita, además de una inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, fallo que aún está siendo apelado.

Ante esta situación, la Jefatura de Policía de la Provincia del Chaco solicitó la cesantía de los tres agentes por transgredir las normas disciplinarias y su participación en una serie de delitos graves, entre los cuales se incluyen cohecho, abuso de autoridad y narcotráfico.

Entre las faltas imputadas figuran "violación de la ética profesional", "desobediencia a órdenes superiores" y "negligencia en el cumplimiento del servicio".

LA CAUSA

Las investigaciones y la posterior condena revelaron que los tres agentes formaban parte de una red de corrupción que facilitaba la venta de drogas al menudeo, utilizando sus cargos para proteger a los narcotraficantes y realizar procedimientos ilegales. El Sargento Molina, apodado "El Chino", tenía vínculos directos con distribuidores de drogas en el barrio Santa Catalina, mientras que Cocco y Frete colaboraban en el encubrimiento de estos delitos.

En cuanto a la causa administrativa, se les imputaron varias faltas, incluyendo la violación al honor policial y la desobediencia a las órdenes superiores. El supervisor de la Zona IV Metropolitana presentó un informe detallado de los hechos, concluyendo que los involucrados actuaron de manera coordinada para realizar actividades ilícitas dentro de la Comisaría Duodécima, lo que causó un grave daño a la confianza pública en la institución policial.

LA RECONSTRUCCIÓN DE LA FISCALÍA

La investigación comenzó a tomar forma en 2021, cuando se descubrió la existencia de una red de narcotráfico protegida por algunos miembros de la fuerza policial. La principal acusada, Esther de la Cruz Pereña, conocida como "Icha", era la proveedora de drogas para los oficiales implicados. A cambio de esta colaboración, Molina, Cocco y Frete hacían la vista gorda ante las actividades ilícitas, encubrían otros crímenes y usaban sus posiciones para proteger a los narcotraficantes de la justicia.

El fiscal a cargo de la investigación, Federico Carniel, detalló en su acusación que los tres agentes de policía, que ocupaban los cargos de Sargento y Oficial Auxiliar, abusaron de su estatus para manipular situaciones legales y beneficiar a los delincuentes. No solo protegían a los traficantes, sino que también alertaban a los criminales sobre los movimientos de las fuerzas de seguridad, ayudaban a organizar robos y ofrecían favores a quienes tenían problemas legales.

Un episodio clave en la investigación ocurrió el 12 de enero de 2022, cuando personal de la Gendarmería Nacional de Resistencia, que realizaba tareas preventivas en el Barrio Santa Catalina, notó que un vehículo de Molina los seguía de cerca. Molina, fuera de servicio y sin identificarse correctamente, se enfrentó de manera agresiva a los oficiales de Gendarmería. Este incidente fue solo el comienzo de una serie de intentos de los imputados por obstaculizar las investigaciones de las fuerzas federales.

De manera paralela, un funcionario de la Gendarmería, Miguel Hugo Paniagua, filtró información confidencial a Molina sobre las investigaciones de la Unidad de Reunión de Información (URI), lo que permitió a los acusados presentarse en la sede de la URI vestidos de civil para tratar de frenar las indagatorias en su contra.

FUENTE DIARIO CHACO