Comenzó el juicio contra Aída Ayala por presunta malversación de fondos a favor de un empresario cercano

La exintendenta de Resistencia y exsecretaria de Asuntos Municipales de la Nación volvió a ser juzgada, acusada de perjudicar al Estado mediante desvío de recursos. El Ministerio Público sostiene que favoreció con fondos públicos a un empresario allegado.

A un año de haber sido condenada por corrupción en la causa conocida como Lavado II, Aída Ayala volvió a comparecer ante un tribunal federal. En esta ocasión, enfrenta nuevas acusaciones por presunta malversación de recursos estatales durante su paso por el gobierno de Mauricio Macri, en su rol como secretaria de Asuntos Municipales.

Según lo expuesto por el fiscal federal Patricio Sabadini, Ayala habría intervenido directamente para orientar contrataciones estatales en beneficio del empresario Claudio Tolosa, propietario de la empresa Service Hogar. La maniobra, según el expediente, incluyó un convenio firmado en 2016 con el entonces jefe comunal de Quitilipi, Sergio Casalboni, que habilitó la adquisición con sobreprecios de maquinarias y herramientas financiadas a través del programa Mi Pueblo.

Además de Ayala, también están acusados sus excolaboradores Matías Balmaceda Paiva y Miguel Ángel Vilte, junto al propio Tolosa. La Fiscalía sostiene que los imputados formaban parte de un esquema organizado para llevar adelante esta operación irregular, y adelantó que solicitará una pena de hasta seis años de prisión para la exfuncionaria.

El juicio oral, iniciado este miércoles, se estima que se extenderá por menos de un mes. Se prevé la declaración de unos 30 testigos, entre los que se encuentran figuras destacadas como el actual gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, y el exintendente de Resistencia, Jorge Capitanich.

El fiscal Federico Carniel, quien también participó en Lavado II y apeló la absolución parcial de Ayala por el cargo de lavado de dinero, estará al frente de la acusación. En ese proceso, la exfuncionaria fue sentenciada el 10 de mayo de 2024 a tres años de prisión condicional por su implicación en licitaciones irregulares, contratos millonarios y beneficios otorgados a empresas sin sustento técnico ni financiero comprobado.