Aída Ayala fue absuelta por la Justicia Federal en la causa "Casalboni"
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Resistencia dictó este lunes la absolución de la exfuncionaria nacional, quien estaba acusada de defraudación contra la administración pública.
Este lunes por la mañana, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Resistencia absolvió a Aída Ayala en el marco de la conocida causa “Casalboni”, donde se la investigaba por el presunto direccionamiento de fondos públicos durante su paso por la Secretaría de Asuntos Municipales de la Nación, en 2016.
La exintendenta de Resistencia y exsecretaria del gobierno de Mauricio Macri había sido imputada por defraudación contra la administración pública, en una causa originada por la declaración del exintendente de Quitilipi, Sergio Casalboni, quien reconoció haber participado en una maniobra de compras con sobreprecios a través de contrataciones directas con una empresa privada.
La sentencia, cuya lectura había sido postergada la semana pasada por inconvenientes de salud de uno de los magistrados, finalmente se conoció este 8 de julio y concluyó en la absolución de Ayala, al no haberse acreditado su responsabilidad penal en los hechos.
Durante el juicio, el fiscal federal Patricio Sabadini había solicitado cinco años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Según la acusación, Ayala habría facilitado contrataciones en favor del empresario Claudio Tolosa, mediante un convenio firmado en 2016 con el municipio de Quitilipi, por el cual se adquirieron maquinarias y herramientas a través del programa nacional "Mi Pueblo", supuestamente a valores inflados.
Cabe recordar que Tolosa fue beneficiado con una suspensión de juicio a prueba (probation), debiendo abonar una reparación económica de seis millones de pesos, comprometerse a cumplir reglas de conducta por dos años, y quedó inhabilitado para volver a ser proveedor del Estado en Quitilipi.
Con esta resolución, Aída Ayala queda desligada judicialmente de la causa, mientras que otros actores involucrados ya habían cerrado su situación mediante acuerdos judiciales.
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