Crisis y dimisiones masivas en las Fuerzas: 2273 bajas por sueldos insuficientes
El creciente número de renuncias se vincula con los salarios depreciados y la crítica situación de la obra social Iosfa, que arrastra una deuda superior a los $160.000 millones y dejó de cubrir tratamientos esenciales.
Durante el primer semestre de 2025, más de 2200 integrantes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad solicitaron su baja, en un escenario que generó preocupación entre los altos mandos militares y policiales del país.
El principal motivo es la precariedad salarial, que mantiene a gran parte del personal activo por debajo de la línea de pobreza. A esto se suma el colapso de la obra social Iosfa, que ya no garantiza el acceso a medicamentos ni a tratamientos médicos complejos.
De acuerdo con datos oficiales, entre enero y junio se contabilizaron 257 bajas en el Ejército, 234 en la Armada, 193 en la Fuerza Aérea, 386 en la Gendarmería, 322 en Prefectura, 412 en la Policía Federal, 177 en la Policía de Seguridad Aeroportuaria y 292 en el Servicio Penitenciario Federal, lo que representa un total de 2273 desvinculaciones. Esta situación impacta especialmente en suboficiales y oficiales jóvenes, muchos de los cuales optan por incorporarse a fuerzas provinciales que ofrecen mejores condiciones laborales, como la policía antinarcóticos de Córdoba, que paga salarios más elevados y cuenta con cobertura médica eficiente.
Los ingresos actuales para las jerarquías iniciales no superan los $800.000 mensuales, mientras que el INDEC estima que una familia tipo necesita más de $1.100.000 para no caer bajo la línea de pobreza. Por ejemplo, un alférez o subteniente percibe en promedio $766.215, mientras que un cabo segundo cobra alrededor de $673.588. Esta realidad provocó un notable desánimo dentro de las filas y una creciente migración hacia otras fuerzas con mejores beneficios.
El malestar también se ve alimentado por el deterioro económico de Iosfa, la obra social de las fuerzas, que enfrenta una deuda millonaria superior a los $160.000 millones. Desde principios de año, dejó de brindar cobertura para tratamientos oncológicos, trasplantes, medicamentos para enfermedades crónicas y cirugías programadas, dejando a miles de afiliados sin atención adecuada.