Analizan modificaciones al protocolo de intervención por parte de funcionarios ante situaciones de violencia o discriminación hacia los géneros

POLITICA 11 de junio de 2021 Por redaccion
La reunión fue presidida por la legisladora Jessica Ayala, con el acompañamiento de las diputadas Clara Pérez Otazú, Liliana Spoljaric, Gladis Cristaldo, Teresa Cubells, Carmen Delgado, Alicia Digiuni, Claudia Panzardi y el diputado Gustavo Corradi.
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Integrantes de la Comisión de Comisión de Género, Diversidad, Familia y NNyA se reunió con la Secretaria de Derecho Humanos y Géneros, Silvana Pérez con quien evaluaron la posibilidad de  realizar una actualización al decreto 85 del año 2020 que aprueba el protocolo y reglamentación para el acceso y desempeño de funcionarios y funcionarias públicas para la prevención e intervención ante situaciones de violencia o discriminación hacia los géneros u orientación sexual, en virtud que dicha norma fue superada por distintos avances en la temática. 

En ese contexto, la Licencia Silvana Pérez explicó la importancia de introducir modificaciones al decreto 85/20 y sobre el mismo indicó: “Este proyecto se envió en el 2020, pero hacia el 2021 existen desarrollos y modificaciones con respecto a la asistencia integral de las víctimas; y la propuesta desde la Secretaria de Derechos Humanos es poder ajustar este decreto para ingresar una modificatoria y poder actualizarlo”. 

Recordó que al momento de la redacción del decreto, “nos pareció fundamental aplicar una política de perspectiva de género, darnos un procedimiento en el cual intervenir, opinar, y quienes ocuparan funciones en cargos directivos no fueran personas que tuvieran situaciones de violencia por razones de género”. 

“En el 2020 la Secretaría tenía la estructura que venía con modificatoria, se presentó un proyecto de ley para darle una serie de funciones y misiones, en ese protocolo se habla de asistencia integral y hoy contamos a través del decreto 449 con un sistema único provincial de denuncia que está siendo articulado con el sistema de nación, donde la denuncia no sólo es judicial, puede ser una consulta, al sistema estatal y a través del sistema se da un tiempo y un procesamiento”. 

Otro de los avances que mencionó es que en la actualidad "cualquier persona que ingresa al sistema tiene un seguimiento y derivación, la víctima queda registrado en una plataforma; y esto nos parece fundamental que pueda ser incorporado en el protocolo modificado.  Además, tenemos un programa fuerte de aplicación de Ley Micaela, con una capacitación por parte del IPAP, que también debería ser agregado”.

Por ello, se continuará con un trabajo articulado entre la comisión y la Secretaría para poder sancionar una noma actualizada y ajustada a los nuevos avances y procedimientos.

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