Pérez: “El juicio de Napalpí implicó el reconocimiento del genocidio indígena con un instrumento jurídico que son los Juicios por la Verdad”

Se cumplen 15 años de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas y desde Chaco sostienen las políticas públicas para garantizar los derechos de los Pueblos Originarios.

La secretaria de Derechos Humanos de la provincia, Silvana Pérez, dijo a Agencia Foco que “el juicio de Napalpí es un antes y un después para la Argentina, para Amércia Latina y para el mundo, respecto del reconocimiento del genocidio indígena que se dio en la colonización y apropiación de los territorios”.

La funcionaria se refirió a este proceso de colonización que no solo negó derechos, sino que mantuvo estructuras discriminatorias y racistas para los pueblos indígenas.

En este sentido, Pérez dijo que “el juicio de Napalpí implicó el reconocimiento del genocidio indígena con un instrumento juridico que son los juicios por la verdad, con un rango de crimen de lesa humanidad en el marco de genocidio”. Sostuvo que se “trata de un juicio ejemplar que ha significado un avance para el acceso a la memoria, la verdad y la justicia”.

Destacó que en la última década en Argentina se reconoce la lucha por los Derechos Humanos, dándole rango institucional y jurídico.

A su vez, destaca a las comunidades originarias como hacedoras principales, ya que se organizaron y articularon con “múltiples espacios de la sociedad civíl”. La funcionaria recordó la lucha de Juan Chico, ya que, como dirigente indígena formado en Derechos Humanos,  fue “uno de los impulsores”.

“El juicio por la verdad permite establecer una verdad jurídica y hacer recomendaciones de políticas públicas”, dijo y aclaró que aunque “no se puede perseguir penalmente a los responsables, ya que no están vivos, si establece la responsabilidad estatal ya que en ese momento Chaco era territorio nacional”.

Además, destacó que la sentencia resolvió “poder trabajar en políticas de  memoria en espacios educativos, en los medios de comunicación y en los estamentos de la formación de las fuerzas de seguridad para no seguir reproduciendo situaciones de violencia y racismo”.

Pérez explicó que el pedido de perdón del gobernador Jorge Capitanich a las comunidades originarias, “fue fundamental para empezar un proceso del Estado como querellante en el juicio de Napalpí”. 

Mencionó otras políticas públicas tendientes a preservar el derecho a la identidad y a la cultura de los pueblos indígenas, como lo es el reconocimiento de las lenguas como lenguas preexistentes. Destacó que “este reconocimiento tiene categoría institucional ya que se introduce en el sistema educativo intercultural y se promueven políticas sanitarias, culturales y educativas”.

 

 

Juicio por la Masacre de Napalpí y medidas reparatorias
 

El jueves 19 de mayo, finalizó en Resistencia el Juicio por la Masacre de Napalpí, ocurrida en el Territorio Nacional de Chaco de 1924. En la causa se presentaron documentos conservados en el Archivo General de la Nación, organismo dependiente del Ministerio del Interior, que ayudaron a esclarecer el hecho.

La sentencia de la Justicia Federal dictaminó que en los asesinatos de integrantes de los pueblos Qom, Moqoit y criollos, ocurridos en 1924, “existió responsabilidad del Estado nacional en los delitos de homicidio agravado y reducción a la servidumbre como crímenes de lesa humanidad cometidos en el marco de un proceso de genocidio de los pueblos indígenas”.

Además, se establecieron medidas de reparación, en beneficio de las comunidades Qom y Moqoit, en concepto de reparación de daños ocasionados por los hechos ilícitos probados. Es así que se ordenó la publicación de la sentencia por el término de un año en la página web oficial de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y de la Provincia del Chaco y sus traducciones en las lenguas QOM y Moqoit y la publicación de la parte dispositiva de la Sentencia en el Boletín Oficial de la Nación, como así también la proyección íntegra del Juicio por la Verdad en la Televisión Pública.

También, el Equipo Argentino de Antropología Forense establecerá un plan de trabajo para continuar con la búsqueda de las víctimas y su correspondiente exhumación de fosas comunes, para restituir los restos a la comunidad. El Estado Nacional proveerá de los recursos necesarios para su realización.

Además, se emplazará un museo y sitio de memoria en Colonia Aborigen. También se conformará un Reservorio y Archivo Digital de todos los documentos de la investigación, a cargo del Instituto del Aborigen Chaqueño y el Registro Único de la Verdad de la Comisión Provincial por la Memoria de la Provincia del Chaco, el cual deberá ser financiado por el Estado Nacional.

La sentencia exhortó también al Estado Nacional para la implementación de políticas públicas concretas para la reparación histórica de las comunidades afectadas, de tal manera de prevenir y erradicar el odio, racismo, discriminación y xenofobia garantizando la perspectiva de los pueblos indígenas en ámbitos de salud, educativos y culturales.

Cabe mencionar que este juicio es el primero en el país en juzgar un etnocidio como crímenes de lesa humanidad.

 

Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas
 

Desde el 13 de septiembre de 2007, Naciones Unidas reconoció, a través de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas, el fortalecimiento de las instituciones que garantizan los derechos individuales y colectivos de los pueblos originarios, especialmente los territoriales, pero también los culturales, a la identidad, de empleo y salud y a la determinación política y a su desarrollo económico. 

La idea se originó en 1982, cuando el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas estableció su Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas, con la tarea de fomentar la protección de los derechos humanos de estas comunidades.