Vilma Bedia, representante de Jujuy, está acusada de contratar a familiares para trabajar en el Senado. El vocero presidencial sostuvo que el Gobierno está en contra de la designación.
POLITICA 20 de marzo de 2024
redacción
La senadora Vilma Bedia, representante de Jujuy por La Libertad Avanza, fue acusada de contratar a familiares para trabajar en el Senado. Según la denuncia, la jujeña les habría otorgado cargos rentados a sus tres hijos, su hermano, su nuera y su sobrina. Ante esto, el vocero presidencial, Manuel Adorni, rechazó rotundamente las designaciones.
"Estamos en contra de cualquier contratación o de cualquier forma de utilización del Estado para intereses personales, familiares o de cualquier otra índole que no sea en pos de la intención de la gente a votar y elegir una propuesta que claramente marca una diferencia con la política tradicional”, sostuvo Adorni al ser consultado sobre el tema en su habitual conferencia de prensa.
Remarcó que desde el Gobierno “no estamos de acuerdo con todo lo que tenga que ver con prácticas de la vieja política”.
El vocero aclaró de todas formas que no estaba al tanto del caso ni tenía pruebas de que las contrataciones se hayan realizado, por lo que indicó que no daría explicaciones sobre la denuncia contra Bedia de forma puntual.
“Más allá de responder genéricamente no puedo hablar de la senadora en cuestión porque no se los pormenores. Supongo que Bedia podrá dar una explicación mucho mejor”, pronunció el vocero.
Sin embargo, sentenció: “Claramente, si esto tuvo algún interés personal, lo rechazamos absolutamente”, y agregó que “de no tenerlo, la propia senadora podrá dar una explicación correcta de qué es lo que ocurrió”.
El gobernador dialogó con el funcionario nacional para delinear políticas públicas y de trabajo coordinado, con el objetivo de responder a las demandas y necesidades de los niños, niñas y adolescentes en la provincia.
Empleados y afiliados sufrieron picazón debido a que dentro del instituto arrojaron un tóxico similar al gas lacrimógeno. Hay una acusación directa contra la referente del gremio de la obra social.
El Gobierno nacional se presentó ante la Corte Suprema de Justicia para intentar revertir, mediante un recurso extraordinario, el fallo que declaró inconstitucional y suspendió la aplicación del capítulo laboral del decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70/23.
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