La Defensoría del Público gasta 10 millones de pesos diarios en capacitar a periodistas denunciados

Se estima que la Defensoría gasta alrededor de 10 millones de pesos diarios, gran parte de los cuales se destina a la capacitación de periodistas y empresas de comunicación, muchos de los cuales enfrentan denuncias recurrentes.

Los hallazgos de la auditoría han derivado en la sospecha de un sesgo ideológico dentro del organismo. Las autoridades nacionales han notado que la mayor parte de las denuncias provienen de un grupo reducido de denunciantes, quienes tienden a quejarse de los mismos periodistas y canales de comunicación. Este patrón ha levantado inquietudes sobre una posible intención de controlar el discurso mediático en el país.

Hasta hace poco, Miriam Lewin estuvo a cargo de la Defensoría, siendo reemplazada por la ex diputada del PRO, Soher El Sukaria. Ella ha comenzado a auditar no solo el personal sino también los gastos del organismo. La auditoría reveló que 270 millones de pesos se destinan mensualmente a sueldos para 120 empleados permanentes y alrededor de 25 trabajadores en condiciones temporarias o de contrato. La Defensoría totaliza gastos de 300 millones de pesos al mes, lo que la convierte en una entidad muy costosa en el contexto del erario nacional.

Además, el presupuesto proyectado para 2025 es de 4.400 millones de pesos, de los cuales se espera que solo un 20% provenga del Tesoro Nacional. Sin embargo, hay dudas sobre la posibilidad de cumplir con estos planes, dada la actual crisis económica y las prioridades del Gobierno.

Uno de los puntos más controvertidos de la auditoría es que, a pesar de que la Defensoría debería actuar como un mediador legal entre el público y los medios, sus recomendaciones nunca han sido llevadas a la justicia. La mayoría de las quejas han sido resueltas internamente, concluyendo en sugerencias para que los medios involucrados "reflexionen" sobre su trabajo.

Entre los comunicadores más denunciados se destacan Viviana Canosa y Ángel Pedro "Baby" Etchecopar, seguidos por figuras como Esteban Trebucq, Eduardo Feinmann y Jorge Lanata. Este patrón de denuncias, que mayormente proviene de la provincia de Buenos Aires, revela una clara tendencia de ciertos sectores del público hacia la crítica de medios y profesionales específicos.

En medio de este panorama, el Gobierno nacional ha comenzado a considerar la posibilidad de eliminar la Defensoría del Público. En una reunión reciente, el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, discutió con diputados del PRO la propuesta de disolverse el organismo y destinar su personal y recursos a la Defensoría del Pueblo de la Nación, como lo propuso la legisladora Silvana Giudici.