Liberaron a la abogada Gabriela Casa que fue internada de manera forzada

La trabajadora judicial G.C. regresó a su hogar tras diez días de internación involuntaria en el área de Salud Mental del hospital Perrando. Este caso ha generado un gran escándalo, incluyendo pedidos de informes y amenazas de acciones legales contra quienes dieron la orden.

Luego de diez días en el hospital, la empleada judicial chaqueña G.C., de 42 años, finalmente pudo volver a su casa en el barrio Provincias Unidas. La operación que condujo a su internación, realizada el 7 de octubre, provocó controversia debido a la intervención de cerca de veinte policías, varios patrulleros y una ambulancia que acudieron a su vivienda para trasladarla al área de Salud Mental.

Antes de su internación forzada, G.C. había presentado denuncias contra su entorno laboral en la Defensoría General del Poder Judicial, relacionadas con situaciones de violencia laboral. La intervención policial fue calificada como "desproporcionada", y hasta ahora no se ha esclarecido quiénes fueron los responsables de ordenar un traslado que parece contradecir la legislación vigente sobre salud mental.

En cuanto al estado de salud de G.C., su familia confirmó que se encuentra físicamente bien, aunque el impacto emocional de la situación aún persiste. Su hermano, Benjamín Casa, declaró a diversos medios que a su hermana "la secuestraron" y anunció que tomarán acciones legales contra quienes llevaron a cabo el operativo, tanto en el ámbito del Poder Judicial como en el Ejecutivo. "El médico que la sedó durante el traslado también será un tema aparte", enfatizó.

El operativo fue presenciado por muchos vecinos de la zona, quienes intentaron intervenir y defender a G.C. para evitar su traslado. Estos momentos fueron documentados, mostrando que la intervención policial numerosa actuó bajo órdenes de una autoridad superior. Hace un día, el Ministerio Público Fiscal informó oficialmente que ningún fiscal de la provincia dio orden alguna ni participó en esta situación.

Los familiares de G.C. denunciaron que fueron "apartados" durante el operativo y que no se les permitió acompañarla ni recibir explicaciones sobre su situación una vez que fue llevada al área de Salud Mental del hospital Perrando. En los días posteriores, dos diputados (Samuel Vargas y Francisco Romero Castelán) solicitaron informes al Superior Tribunal de Justicia y al Ministerio de Seguridad para determinar quién fue el funcionario que ordenó esta intervención policial. El abogado Juan Arregin también presentó un habeas corpus pidiendo la liberación de la mujer. Tanto los legisladores como el especialista en Derecho Penal advirtieron que, una vez identificada la persona que solicitó el traslado forzado, procederán con pedidos de sanciones. La defensora general, Alicia Alcalá, ha sido señalada como la principal responsable hasta el momento.