El diputado Samuel Vargas explicó: "La ley busca impedir el delito virtual en todas sus formas desde las cárceles. La población carcelaria provincial estaba conectada a una línea móvil que reduce el encierro y los muros que separan a los detenidos de la libertad."
Ese beneficio, considerado "humanitario" o un "derecho", a veces resultaba un instrumento para trasladar el delito al interior de los perímetros penitenciarios. Conocimos el caso de un preso que, con su celular, traficaba material de abuso sexual infantil desde su celda. Está condenado a 50 años de prisión por violación reiterada de menores. Las imágenes y videos que vendía con su dispositivo eran de los abusos que él mismo cometió, revictimizando a sus víctimas.
Otro caso es el del asesino del Chapista, quien, a sangre fría, lo fusiló. Ya detenido, amenazó públicamente a las autoridades, desafiándolas a quitarle el celular.
La cárcel fue allanada después de descubrir que presos traficaban material de abuso sexual y acosaban virtualmente a sus víctimas, llevándolas incluso al suicidio. Los procesados, condenados e imputados con prisión preventiva "tenían aparatos telefónicos con acceso a internet y realizaban llamadas al exterior de los pabellones". Un caso reciente involucró una estafa con tarjeta de crédito, realizada desde Buenos Aires, cuya compra fue rastreada hasta un domicilio en Barranqueras.
La quita de celulares no afecta los derechos elementales de los detenidos, tampoco impide su reinserción social ni el vínculo con sus familias, menos aún la posibilidad de educación, lo cual está garantizado por la ley. "Además, debemos ponerle el cascabel al gato. El sistema carcelario debe ser un ente corrector de las conductas y de la resocialización, no un hotel desde donde se siga delinquiendo", enfatizó el diputado Vargas.
La huelga consistirá en un cese total de actividades por 24 horas, aunque desde el mediodía del 9 de abril los gremios se movilizarán al Congreso junto a jubilados.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, busca dar con los barrabravas que provocaron destrozos la semana pasada frente al Congreso y pagará $10 millones a quienes aporten datos.
La situación de Javier Milei se complica cada vez más, ya que está siendo vinculado como el motor central de la estafa con el token $LIBRA, y está cada vez más cerca de ser investigado por la justicia de los Estados Unidos.
Se destaca el incansable trabajo del Dpto. de Investigaciones Complejas, a cargo del Comisario Inspector Rolando Sosa, para dar con este delincuente y ponerlo tras las rejas.
Se trata de un joven que había sido buscado desde la noche del domingo.
