







El diputado Samuel Vargas señaló que a los "gerentes de la pobreza" no les bastó con apropiarse del dinero destinado a los más necesitados, sino que además "lavaban dinero con el hambre de miles de chaqueños". Según sus declaraciones, esta situación es imperdonable, ya que no solo se privó a las personas de bajos recursos del acceso a los alimentos de la canasta básica, sino también de derechos esenciales como el agua potable y la escolarización.


Vargas enfatizó que cada peso robado tenía un destino específico: mejorar la calidad de vida de los sectores más vulnerables, a través de programas de salud, educación, alimentación, vivienda digna y proyectos productivos.
El Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular (IAFEP) tenía una misión social e inclusiva, orientada a reducir la pobreza y la indigencia mediante políticas productivas y el fortalecimiento de la economía popular. Sin embargo, en lugar de cumplir con estos objetivos, se desvió dinero que debía impulsar el crecimiento económico de la provincia.
Ante esta grave situación, Vargas señaló que es evidente la complicidad de funcionarios del gobierno de Jorge Capitanich en este escándalo millonario.




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