Piqueteros corruptos, socios y amigos de Capitanich serán trasladados a la U7

La Justicia Federal de Resistencia dio un paso importante en la investigación que implica a cuatro reconocidos dirigentes piqueteros del Chaco, quienes están acusados de integrar un grupo económico ilícito que habría desviado millones de dólares provenientes de fondos estatales. La jueza Zunilda Niremperger dictó el procesamiento con prisión preventiva de Marcos Cáceres, Lucas Torales, Juan Carlos y Diego Rolón, y ordenó su derivación a la Unidad Penitenciaria Federal U7.

La causa, impulsada por el fiscal Patricio Sabadini, señala que estos dirigentes habrían utilizado fundaciones, cooperativas y asociaciones inscriptas a su nombre como pantallas para canalizar fondos públicos, principalmente del Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular (IAFEP), destinado a programas sociales. Según la investigación, los recursos habrían sido utilizados para la realización de obras como viviendas, veredas y limpieza urbana, muchas de las cuales no habrían sido concretadas o habrían sido simuladas.

Entre las pruebas que fundamentan el procesamiento, se destacan extracciones de efectivo por casi la totalidad del dinero recibido, la ausencia de registros de empleados o maquinaria que justifiquen los trabajos realizados, y el uso de fondos para la adquisición de bienes personales, como propiedades, piscinas, quinchos y vehículos. Además, se ordenó un embargo que oscila entre los 50 y casi 400 millones de pesos sobre los bienes de cada uno de los dirigentes, sus familiares y las fundaciones involucradas.

El juez también ordenó la detención de las personas que integran los grupos familiares y de confianza de los piqueteros, quienes habrían asumido roles diversos en las estructuras de las fundaciones y asociaciones, consolidando un entramado para el desvío de fondos públicos.

Este proceso representa un avance en la lucha contra la corrupción y el uso indebido de recursos destinados a programas sociales en la provincia del Chaco, poniendo en evidencia las acciones judiciales contra aquellos que abusan de su posición para obtener beneficios personales a costa del Estado y de la comunidad.