







La elección de Alejandro “Pitu” Salvatierra como legislador en la Ciudad de Buenos Aires ha generado una profunda indignación y preocupación en la ciudadanía. ¿Cómo es posible que alguien con un pasado marcado por robos a bancos y delitos graves ocupe un cargo en la Cámara legislativa?
Salvatierra, conocido por su participación en los medios como panelista en C5N y en Futurock, logró su ingreso a la política de la mano del espacio “Es Ahora Buenos Aires” junto a Leandro Santoro. Sin embargo, su historia personal revela un pasado oscuro que no puede ser ignorado: delitos que lo enfrentaron con la justicia y que, en lugar de ser un obstáculo insalvable, parecen haberse convertido en un argumento para su redención.
¿Es esto una muestra de que en Argentina cualquiera puede llegar a la política, incluso aquellos que han causado daños a la sociedad? La ciudadanía debe cuestionar si es apropiado que alguien con antecedentes penales grave sea representante de los intereses populares, o si esto implica un peligro para la seguridad y la confianza en las instituciones democráticas.
Este caso abre un debate urgente sobre los procesos de selección, la reinserción social y los límites éticos en la política. La historia de Salvatierra, lejos de ser un ejemplo de superación, revela las fallas del sistema y pone en jaque la moralidad de permitir que personas con antecedentes delictivos accedan a cargos públicos.
La ciudadanía debe exigir que se evalúe con responsabilidad quiénes son los representantes que ponemos en el Congreso y qué valores representan. La política no puede ser un refugio para aquellos que han dañado a la sociedad, sino un espacio para construir un país más justo y seguro.
¿Hasta cuándo permitiremos que un ex ladrón de bancos ocupe un lugar en la Legislatura? La historia de Salvatierra nos interpela a reflexionar sobre los límites de la redención y la protección de la integridad democrática.





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