Tensión con las provincias: Milei pide no sumar controles y se agudiza el conflicto con gobernadores

El Gobierno nacional lanzó una serie de reuniones con representantes de 16 provincias para buscar respaldo al nuevo esquema que busca incentivar el uso de dólares no declarados, conocidos como "dólares del colchón". El plan incluye beneficios fiscales, menor control aduanero y un proyecto de ley que otorga seguridad legal a quienes ingresen al blanqueo.

Durante los encuentros, encabezados por el ministro de Economía, Luis Caputo; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; y el titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Juan Pazo, se solicitó a las provincias que no implementen controles fiscales adicionales que puedan desalentar la adhesión al nuevo régimen.

“Queremos evitar estructuras paralelas que generen temor o confusión”, señalaron fuentes oficiales. Para ello, se propuso una adenda en la que las jurisdicciones se comprometerían a no sumar nuevos mecanismos de fiscalización.

No obstante, varios funcionarios provinciales expresaron dudas por la falta de documentación concreta. “No mostraron el convenio ni el proyecto de ley. Solo explicaron la idea general”, comentó uno de los participantes.

Desde Tucumán, el ministro Daniel Abad valoró la propuesta, pero pidió precisiones sobre temas clave como la Ley Penal Tributaria y los montos mínimos para considerar evasión fiscal como delito.

El Gobierno necesita el respaldo del Congreso para avanzar con los cambios normativos, por lo que busca apoyo político de los gobernadores, incluso si no adhieren formalmente al esquema.

Sin embargo, cinco mandatarios no fueron convocados: Axel Kicillof (Buenos Aires), Ricardo Quintela (La Rioja), Sergio Ziliotto (La Pampa), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Gildo Insfrán (Formosa), por su rechazo anticipado a la propuesta. En Casa Rosada aseguraron que "no tenía sentido invitarlos" y algunos los mencionaron informalmente como “los cinco del mal”, en alusión a su postura crítica.

Tampoco participaron Santa Fe ni la Ciudad de Buenos Aires. Desde el gobierno santafesino manifestaron disposición a cooperar sin sumar trabas, aunque insistieron en la necesidad de controlar el lavado de dinero. Por su parte, la administración porteña señaló que aún no fue contactada oficialmente, aunque no descarta sumarse más adelante.