Nuevo esquema fiscal: el Gobierno investigará solo evasiones superiores a $100 millones

El Gobierno de Javier Milei presentó en el Congreso un proyecto de ley para modificar el régimen penal tributario, con el objetivo de facilitar la regularización de capitales no declarados, estimular el consumo y descomprimir la presión judicial sobre los contribuyentes. El anuncio fue realizado este jueves en Casa Rosada por el titular de la Agencia Federal de Ingresos Públicos (ARCA), Juan Pazo, junto al diputado José Luis Espert.

“El sistema es claro: te adherís, pagás y te olvidás”, aseguró Pazo al explicar que quienes se sumen a este régimen no podrán ser perseguidos en el futuro por su historial patrimonial. La iniciativa eleva los montos mínimos para que una evasión sea considerada delito: a partir de $100 millones para la evasión simple (penas de 2 a 6 años de prisión) y desde $1.000 millones para casos agravados. Hasta ahora, los umbrales estaban en $1,5 millones y $15 millones, respectivamente, montos desactualizados por la inflación.

Además, se plantea reducir de 5 a 3 años el plazo de prescripción de causas tributarias, aunque esto regirá únicamente para quienes adhieran al nuevo esquema simplificado del impuesto a las Ganancias. Esta medida apunta a incentivar la normalización voluntaria de activos sin declarar, advirtiendo que demorar la adhesión podría exponer a los contribuyentes a futuras acciones legales.

Otro de los puntos destacados del proyecto es la implementación de una declaración jurada simplificada del Impuesto a las Ganancias para personas físicas y sucesiones indivisas que cumplan ciertos criterios: ingresos anuales menores a $1.000 millones, un patrimonio que no supere los $10.000 millones y no estar incluidos en la nómina de grandes contribuyentes nacionales.

El proyecto forma parte del llamado “Plan de Reparación Histórica de los Ahorros”, impulsado por el ministro de Economía, Luis Caputo. Este plan también incluye la reciente flexibilización de los controles antilavado por parte de la Unidad de Información Financiera (UIF), que alivió las exigencias para justificar fondos en operaciones como la compra de vehículos o inmuebles.

Hasta el momento, 14 provincias ya adhirieron al nuevo régimen, y se espera que otras dos lo hagan próximamente. Sin embargo, algunos mandatarios importantes, como Axel Kicillof (Buenos Aires), Jorge Macri (Ciudad de Buenos Aires) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe), todavía no manifestaron su apoyo.

“Estamos ante una oportunidad única para que los argentinos blanqueen sus ahorros sin temor a futuras sanciones”, concluyó Pazo.