El Gobierno disolvió otros dos fideicomisos y ya son 26 los eliminados desde que asumió Milei

El Gobierno nacional oficializó este miércoles, mediante el Decreto 415/2025 publicado en el Boletín Oficial, la disolución de dos nuevos fondos fiduciarios: el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de GLP y el Fideicomiso Individual PPP Red de Autopistas y Rutas Seguras (PPP RARS). Con esta medida, la gestión de Javier Milei lleva cerrados un total de 26 fideicomisos desde marzo de 2024.

Desde el Ministerio de Economía señalaron que la decisión se apoyó en los resultados de auditorías realizadas por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), que detectaron serias falencias en el manejo y en la rendición de cuentas de ambos fondos. En particular, respecto del fideicomiso vial, se constató la inexistencia de datos sobre los titulares de los Títulos de Pago por Inversión (TPI), lo que incumplía normativas vinculadas a la prevención del lavado de activos.

El Fideicomiso PPP había perdido su operatividad tras la anulación de los contratos de Participación Público-Privada en 2020, limitando su función al pago de títulos a contratistas. “Desde 2021, dejó de recibir fondos públicos a través del sistema SISVIAL”, indicaron fuentes oficiales. También se detalló que el fiduciario se limitaba a emitir órdenes para dos pagos anuales y renovar inversiones, con costos bancarios elevados. El fideicomiso posee una deuda cercana a los US$ 89 millones, aunque sus reservas superan ese monto en un 40%.

En cuanto al fondo destinado a subsidiar el consumo residencial de gas licuado, la SIGEN detectó múltiples irregularidades, entre ellas la ausencia de indicadores de desempeño, documentación sobre transferencias de dinero y estados contables verificados. Este fondo respaldaba al programa Hogar, que brindaba apoyo económico a sectores vulnerables para la compra de garrafas y ampliación de redes de gas. El Gobierno resolvió continuar con este tipo de asistencia desde la Secretaría de Energía, transfiriendo los recursos a la ANSES para su implementación.

Desde Economía remarcaron que estas acciones se enmarcan en una estrategia de “ordenamiento institucional”. “Con estas decisiones, el Estado avanza hacia una gestión más transparente, eficiente, y orientada al uso responsable de los recursos públicos, con el objetivo de garantizar un control efectivo sobre las finanzas del país”, expresaron en el comunicado.