Cristina Kirchner y los condenados en la causa Vialidad tienen plazo hasta el 13 de agosto para devolver el dinero robado a los argentinos

El Tribunal Oral Federal N°2 intimó formalmente a Cristina Fernández de Kirchner y a los demás condenados en la causa Vialidad a devolver más de $684 mil millones al Estado argentino, suma que representa el millonario perjuicio causado por el fraude en la obra pública durante su gobierno.

Según la Justicia, este monto —equivalente a más de 530 millones de dólares— debe ser reintegrado en forma solidaria, lo que significa que todos los responsables deberán reunir la suma total. La devolución debe hacerse antes de las 9:30 del martes 13 de agosto, o se avanzará con la ejecución de los bienes embargados.

Esta cifra fue calculada por peritos oficiales, quienes incluyeron sobreprecios, obras inconclusas y desvíos millonarios en licitaciones direccionadas a favor de Lázaro Báez, empresario allegado al kirchnerismo. El tribunal descartó de plano el intento de reducir el monto a $42 mil millones, presentado por la defensa de Cristina Kirchner.

Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola remarcaron que el objetivo de esta medida es recuperar lo robado y evitar que los responsables se sigan beneficiando con el dinero de los argentinos.

Con esta decisión, la Justicia no solo avanza en la búsqueda de condenas, sino también en la restitución efectiva de los fondos públicos saqueados, en lo que se considera uno de los casos de corrupción más grandes de la historia democrática reciente.

Qué bienes podrían ser decomisados

El patrimonio que la Justicia podría ejecutar para saldar la deuda incluye un vasto listado de activos. En total, se trata de 213 propiedades, 14 vehículos y seis sociedades pertenecientes a los distintos condenados.

La expresidenta declaró en su última presentación un patrimonio de 250 millones de pesos, ya que realizó un anticipo de herencia a favor de sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner, aunque los bienes transferidos, que permanecen congelados en la causa Hotesur y Los Sauces, podrían ser decomisados. Entre ellos figuran:

Departamentos y cocheras en Puerto Madero y Recoleta.
Casi seis millones de dólares en cajas de seguridad y cuentas bancarias.
Los hoteles de la familia en El Calafate y las sociedades que los administran.
Diversas propiedades en Río Gallegos.