El oficialismo logró un acuerdo con sectores de la oposición para avanzar con la reforma del Régimen Penal Juvenil, cuyo eje central será la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años. La iniciativa será debatida en una sesión especial de la Cámara de Diputados el jueves 12, con el objetivo de obtener media sanción.
El entendimiento se consolidó tras una reunión encabezada por el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, junto a jefes de distintos bloques parlamentarios. Como paso previo, el miércoles se realizará un plenario de las comisiones de Justicia, Familia, Niñez y Juventudes, y Presupuesto, donde se firmará el dictamen correspondiente.
El proyecto original impulsado por el presidente Javier Milei proponía reducir la edad de imputabilidad a los 13 años, pero durante las negociaciones legislativas los bloques aliados —PRO, UCR, Coalición Cívica e Innovación Federal— insistieron en fijar el límite en 14 años, postura que finalmente permitió destrabar el consenso.
Otro punto clave del acuerdo fue la incorporación de un apartado presupuestario, solicitado por los gobernadores. Las provincias habían manifestado preocupación por los costos que implicará la implementación del nuevo régimen, por lo que la Casa Rosada se comprometió a firmar convenios específicos para cubrir esos gastos.
Principales cambios del nuevo régimen
La reforma establece los 14 años como edad mínima de punibilidad y fija una pena máxima de 15 años de prisión para delitos graves como homicidio, abuso sexual o secuestro. No obstante, la privación de la libertad será considerada una medida excepcional, priorizando sanciones alternativas como tareas comunitarias, monitoreo electrónico, reparación del daño, prohibiciones de acercamiento y otras medidas no privativas.
Además, el proyecto contempla la creación de institutos especializados para menores condenados, con acceso garantizado a educación, atención médica y tratamiento de adicciones, así como programas de asistencia psicológica, abordaje de violencia familiar, salud mental y consumo problemático. Todo el proceso estará bajo supervisión judicial, con intervención del Ministerio Público Fiscal y participación de las víctimas.
Te puede interesar
Lo más visto
