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El Ministerio Público Fiscal expondrá ante el Tribunal Oral Federal de Resistencia su valoración de las pruebas reunidas durante el juicio. La atención estará puesta en la situación de Walter Pasko, Fernando Ayala y los otros nueve imputados.
El juicio oral por la denominada causa de las “facturas truchas” tendrá este martes 18 de agosto una jornada decisiva en el Tribunal Oral Federal de Resistencia. El fiscal general Federico Carniel comenzará los alegatos del Ministerio Público Fiscal, en una etapa que acerca el debate a su definición.
La exposición de la Fiscalía se producirá luego de los alegatos presentados por las querellas y estará centrada en el análisis de las pruebas incorporadas durante el juicio. Uno de los puntos de mayor expectativa será conocer qué responsabilidad atribuye el Ministerio Público a cada uno de los once acusados y cuáles serán los pedidos de pena.
Entre los imputados se encuentran Walter Antonio Pasko y Fernando Adrián Ayala, quienes llegaron a juicio acusados de integrar una presunta estructura dedicada al uso de facturación apócrifa.
La acusación sostiene que ambos habrían tenido roles centrales dentro de una organización investigada por hechos ocurridos entre 2019 y 2023. En el caso de Pasko y Ayala, los cargos incluyen asociación ilícita fiscal y lavado de activos.
De acuerdo con la hipótesis fiscal, el mecanismo habría involucrado a personas físicas y distintas entidades, entre ellas empresas, cooperativas y fundaciones, que presuntamente habrían emitido comprobantes correspondientes a operaciones inexistentes.
Según esa teoría, esos documentos podrían haber sido utilizados para obtener créditos fiscales, disminuir obligaciones tributarias o respaldar gastos que no se correspondían con operaciones reales.
El debate oral comenzó el 30 de junio y tiene a once personas como acusadas. Además de Pasko y Ayala, son juzgados Diana Yael Daniel, María José Reinau, Jorge Pasko, Álvaro Iván Pasko, Juana Elsa Brahim, María Belén Reinau, Edith Marisel Ayala, Ariel Ramón Acevedo y Osvaldo Ramón Godoy.
La investigación también puso bajo análisis operaciones relacionadas con organismos públicos. Entre ellos aparece el Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular (IAFEP).
De acuerdo con la acusación presentada durante el proceso, entre 2022 y 2023 se habrían registrado operaciones vinculadas con la estructura investigada por un monto superior a $817 millones.
Durante el juicio declararon distintos testigos y los imputados también tuvieron la posibilidad de brindar su versión de los hechos. Además, fueron incorporados documentos, informes fiscales, movimientos bancarios y otros elementos reunidos durante la investigación.
Ahora, el Ministerio Público Fiscal deberá explicar ante el tribunal qué conclusiones obtiene de ese material probatorio y determinar qué grado de responsabilidad considera que corresponde atribuir a cada acusado.
La jornada de este martes será, de esta manera, uno de los momentos centrales del debate, ya que permitirá conocer la postura de la Fiscalía y sus eventuales pedidos de condena antes de que continúe la etapa de alegatos y el proceso avance hacia su resolución final.
