La Fiscalía pidió elevar a juicio oral la causa contra los "narcopolicías"

La Fiscalía solicitó la elevación a juicio oral de la causa que tiene como imputados a ocho efectivos policiales, acusados de integrar una organización que habría intentado sustraer cocaína durante un procedimiento oficial de destrucción de estupefacientes.

El hecho principal ocurrió el 18 de diciembre de 2025, en el Polígono de Tiro de Colonia Benítez, donde se llevaba adelante un procedimiento de destrucción de cargamentos de droga previamente secuestrados.

Según surge de la investigación, la maniobra quedó al descubierto cuando un secretario judicial advirtió movimientos sospechosos durante el pesaje de la sustancia. A partir de esa situación, se ordenó requisar un móvil policial, una camioneta Toyota Hilux, donde fueron encontrados 9,490 kilogramos de cocaína ocultos tanto en la cabina como en la mochila de uno de los agentes.

El cargamento incautado tendría un valor estimado de 142.350 dólares estadounidenses en el mercado ilegal.

Una maniobra planificada

De acuerdo con la hipótesis sostenida por el Ministerio Público Fiscal, los acusados habrían actuado bajo un plan previamente organizado para retirar los ladrillos de cocaína de la custodia institucional y reemplazarlos por réplicas confeccionadas con yeso, con el objetivo de simular que la totalidad del material había sido destruida.

La investigación señala como presunto organizador al comisario Rubén Héctor César Alegre, quien se desempeñaba como jefe de la División Operaciones Metropolitana. Según la acusación, habría sido el encargado de seleccionar a personal de confianza, gestionar los permisos judiciales para la incineración y coordinar las distintas etapas de la maniobra.

En tanto, los efectivos que se encontraban en el predio —entre ellos un subcomisario, sargentos y cabos— habrían tenido distintos roles en el apoderamiento y ocultamiento de la droga.

Además, otros dos policías fueron vinculados posteriormente a la investigación a partir de pericias realizadas sobre teléfonos celulares, que habrían permitido detectar su presunta participación en tareas de logística e intermediación destinadas a colocar la sustancia en el mercado ilegal.

Ahora, con el pedido de la Fiscalía, la causa avanza hacia una nueva instancia judicial y será la Justicia la que deberá resolver sobre la elevación a juicio oral y la situación procesal de los ocho imputados.

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