Causa narcopolicías: la Fiscalía pidió hasta 15 años de prisión para los ocho imputados, Alegre el más complicado

Los fiscales federales Patricio Nicolás Sabadini y Ruth Hilgenberg, de la Unidad Fiscal Resistencia, presentaron una acusación formal contra ocho integrantes de la Policía del Chaco y solicitaron que la causa avance hacia un juicio oral por el presunto robo de cocaína que debía ser destruida durante un procedimiento oficial.

La presentación fue realizada el 1 de septiembre de 2026 y sostiene que los acusados habrían participado de una maniobra previamente organizada para sustraer estupefacientes durante la quema realizada el 18 de diciembre de 2025, en el Polígono de Tiro de la Policía del Chaco, en Colonia Benítez.

Los imputados son el comisario Rubén Héctor César Alegre, el subcomisario Franco Andrés Ramírez, los cabos primeros Gustavo Andrés Quizama y Juan Nicolás Almirón Núñez, los cabos Néstor Ariel Urne Canteros y Gastón Ezequiel Villalba, el sargento Gustavo Jesús Acosta y el cabo primero Francisco Lucas Leonel García.

Las penas solicitadas

La Fiscalía pidió penas de cumplimiento efectivo para los ocho acusados.

• Rubén Héctor César Alegre: 15 años de prisión.
• Franco Andrés Ramírez: 12 años.
• Gustavo Andrés Quizama: 11 años.
• Néstor Ariel Urne Canteros: 11 años.
• Juan Nicolás Almirón Núñez: 11 años.
• Gustavo Jesús Acosta: 8 años.
• Gastón Ezequiel Villalba: 8 años.
• Francisco Lucas Leonel García: 8 años.

Para Alegre, señalado por los fiscales como presunto organizador, la acusación contempla organización de la tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, agravada por su condición de funcionario público, en concurso real con peculado.

Para otros de los imputados, la Fiscalía atribuye la presunta tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, agravada por la cantidad de integrantes y por su condición de policías, además del delito de peculado.

En el caso de Villalba y García, los fiscales sostienen la presunta coautoría en la tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravada, pero no les atribuyen peculado debido a que no se encontraban físicamente en el predio al momento de la sustracción, según la acusación.

Casi 9,5 kilos de cocaína

De acuerdo con la investigación, la maniobra habría intentado sustraer 9,490 kilos de cocaína, cuyo valor estimado en el mercado ilegal rondaría los 142.350 dólares.

El procedimiento de destrucción contaba con presencia de autoridades judiciales y del Poder Ejecutivo provincial. La situación fue advertida por el secretario penal del Juzgado Federal N.º 2, quien detectó movimientos sospechosos mientras Quizama y Ramírez trasladaban una caja con droga desde la mesa de pesaje hacia una camioneta policial Toyota Hilux, identificada como móvil PT-308.

Ante las sospechas, se ordenó volver a pesar el cargamento. El segundo pesaje arrojó una diferencia considerable: de 8,700 kilos pasó a registrar 7,585 kilos.

A partir de esa situación se realizó una requisa de urgencia del vehículo. Según la Fiscalía, fueron encontrados nueve ladrillos de cocaína ocultos debajo de los asientos del conductor y acompañante, además de otro ladrillo que estaba dentro de la mochila de Almirón Núñez.

Pero la investigación también habría encontrado elementos que, para los fiscales, demostrarían que la maniobra había sido planificada.

En la mochila de Urne Canteros fue hallado un ladrillo de yeso con características similares a los paquetes de cocaína. La hipótesis fiscal sostiene que estos bloques estaban destinados a reemplazar los panes de droga durante la destrucción para evitar que las diferencias fueran detectadas.

Chats, audios y comunicaciones bajo análisis

La acusación también se sustenta en el análisis de teléfonos celulares y comunicaciones entre los policías.

Entre los elementos incorporados aparece un audio que, según los fiscales, habría sido enviado por Quizama el día anterior al procedimiento, además de conversaciones mantenidas en un grupo de WhatsApp denominado “Los laaaaaru laaaaaru”.

La Fiscalía también sostiene que Villalba habría advertido a otros integrantes sobre la utilización de los bloques de yeso antes de la quema.

Por otra parte, los investigadores señalan que García, conocido como “Black”, habría mantenido conversaciones con Almirón Núñez para buscar un posible comprador para la droga que pretendían sustraer.

El papel que la Fiscalía atribuye a Alegre

Para los fiscales Sabadini y Hilgenberg, Alegre habría ocupado un lugar central en la organización de la maniobra.

El comisario se desempeñaba como jefe de la División Operaciones Metropolitana y, según la acusación, tenía acceso a la Sala de Secuestros. Los investigadores sostienen que habría seleccionado a agentes de confianza y realizado modificaciones en la conformación del personal que participaría del procedimiento.

La Fiscalía también señala que Alegre habría dispuesto que el pesaje de los cargamentos de mayor importancia se realizara hacia el final de la jornada, cuando el cansancio y las condiciones climáticas podían favorecer la maniobra.

Además, la acusación menciona peritajes sobre comunicaciones telefónicas que, según los fiscales, revelarían presuntos vínculos de Alegre con vendedores de drogas y el supuesto cobro de dinero a cambio de “liberar zonas”.

La causa busca llegar a juicio oral

Además de las penas de prisión, los fiscales solicitaron el decomiso definitivo de los teléfonos celulares que habrían sido utilizados para coordinar la maniobra, del dinero en efectivo secuestrado y la destrucción de la cocaína que permaneció como remanente del procedimiento.

Con la presentación de la acusación, la Fiscalía busca que la investigación avance hacia el juicio oral, instancia en la que deberán analizarse las pruebas y determinarse la eventual responsabilidad penal de los ocho policías.