Malvinas: el Gobierno oficializó sanciones para petroleras que operen sin autorización argentina

Mediante el Decreto 868/2026, el Poder Ejecutivo designó al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto como autoridad de aplicación de la Ley 26.659, que regula la exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina.

La normativa establece además plazos más breves para investigar posibles infracciones. Los organismos del Estado deberán informar a Cancillería, dentro de los cinco días hábiles, cualquier hecho que pudiera encuadrarse en las conductas prohibidas por la ley.

Una vez iniciado el sumario, las empresas investigadas tendrán diez días hábiles para presentar su descargo. Luego, la Cancillería deberá determinar si corresponde archivar las actuaciones o avanzar con una sanción.

Nuevos controles para empresas que quieran acceder al RIGI

El decreto también incorpora requisitos para las compañías que busquen ingresar al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

Las empresas deberán presentar una declaración jurada en la que aseguren que ni ellas ni sus socios realizan o realizarán actividades hidrocarburíferas no autorizadas en los espacios marítimos vinculados con Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur.

Por otra parte, mediante el DNU 867/2026, el Gobierno modificó el Presupuesto General de la Administración Nacional 2026 para reforzar partidas destinadas a gastos salariales, inteligencia, Defensa y la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE).

Según lo informado, todavía no se precisó cuánto dinero adicional recibirá cada área.

Las medidas habían sido anunciadas por Milei

Los decretos formalizan parte de las medidas anticipadas por el presidente Javier Milei durante la cadena nacional del jueves, en la que volvió a reivindicar la soberanía argentina sobre las islas.

Durante su discurso, el mandatario afirmó que “las Malvinas son argentinas por historia y por derecho” y anunció el envío al Congreso de un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional.

La iniciativa contempla, entre otros puntos, ampliar las sanciones a proveedores de empresas que operen sin autorización, impedir que los infractores contraten con el Estado o con privados en Argentina, habilitar el juicio en ausencia cuando corresponda y crear un Consejo de Seguridad Nacional para coordinar acciones entre Cancillería, Defensa, Inteligencia y Economía.

El Gobierno prevé enviar el proyecto al Congreso durante la próxima semana y buscará avanzar con su tratamiento legislativo.