





La medida fue ordenada por la fiscal Mariana Echarri, titular del Equipo Fiscal Nº 6, luego de una serie de allanamientos realizados este viernes en inmuebles vinculados al profesional. La investigación reúne al menos ocho denuncias.
La Policía detuvo este viernes al ginecólogo chaqueño Gustavo Kumiega, en el marco de una causa judicial en la que se investigan denuncias por presunto abuso sexual y mala praxis.


La orden fue dispuesta por Mariana Echarri, titular del Equipo Fiscal Nº 6, luego de los procedimientos realizados durante la jornada en distintos inmuebles vinculados al médico.
A través de un comunicado, el Ministerio Público Fiscal informó que, “en el marco de las actuaciones que se tramitan ante dicha dependencia judicial, y tras una serie de allanamientos efectuados en la fecha, se ordenó la detención del ciudadano Gustavo Kumiega”.
Uno de los procedimientos se realizó en una propiedad ubicada sobre calle Jujuy al 500, en Resistencia. Según trascendió, durante los allanamientos la Policía habría secuestrado elementos considerados de interés para la investigación.
Al menos ocho denuncias bajo investigación
La causa reúne al menos ocho denuncias contra el profesional, entre ellas dos por presunta mala praxis y otra por un supuesto abuso sexual con acceso carnal.
En relación con esta última presentación, está previsto que la denunciante preste declaración de manera remota el próximo lunes.
La investigación se inició a partir de la denuncia de una joven de 26 años, identificada como K.H., quien relató presuntas conductas inapropiadas durante la atención médica, además de cuestionar la realización de determinados estudios y diagnósticos que consideró incorrectos.
La presentación fue radicada el 29 de septiembre. A partir de entonces, se sumaron nuevas denuncias que ampliaron el alcance de la investigación judicial.
Antecedentes y nuevos testimonios
También trascendió que el ginecólogo habría enfrentado otras denuncias judiciales con anterioridad. Entre ellas, se menciona una presentación realizada hace aproximadamente seis años por un presunto aborto practicado sin consentimiento.
Estos antecedentes deberán ser evaluados en el marco correspondiente y no implican, por sí mismos, una determinación sobre los hechos que actualmente se investigan.






















