A través del Decreto 1205/2026, el Poder Ejecutivo nacional dispuso restringir el acceso público a la información sobre las contrataciones destinadas al equipamiento militar. La medida alcanza los costos, los proveedores y las especificaciones técnicas del material adquirido, en un contexto de tensión diplomática con el Reino Unido por la soberanía de las Islas Malvinas.

La norma, publicada en el Boletín Oficial, establece que determinadas operaciones de compra quedarán bajo la figura de secreto militar, por lo que los organismos contratantes estarán exceptuados de cumplir con las disposiciones habituales de publicidad y difusión de las actuaciones del proceso.

Qué información quedará bajo reserva

Según los fundamentos del decreto, la decisión apunta a proteger información que, por su naturaleza y finalidad, podría comprometer la seguridad nacional y las capacidades de defensa del país si se divulgara públicamente.

Para justificar la medida, el Gobierno se apoyó en la Ley de Defensa Nacional N.º 23.554 y en la Ley N.º 24.948, que regula aspectos de la reestructuración de las Fuerzas Armadas y establece responsabilidades del Ministerio de Defensa en materia de equipamiento militar.

El decreto también remite a la normativa que regula el secreto militar, bajo el argumento de que determinados datos deben quedar limitados al conocimiento de personas autorizadas.

Malvinas, en el centro de la disputa

La decisión se conoce en medio de nuevas tensiones entre la Argentina y el Reino Unido por la soberanía de las Islas Malvinas y la explotación de los recursos naturales en la zona.

En paralelo, el Gobierno argentino impulsó una acción ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar para solicitar medidas provisionales contra el proyecto petrolero Sea Lion, ubicado en el área de las Islas Malvinas.

Según informó el Ejecutivo, la presentación busca impedir la explotación de hidrocarburos en la plataforma continental de la Cuenca Malvinas Norte y preservar los derechos soberanos argentinos sobre esos recursos.

La Argentina sostiene que las actividades autorizadas unilateralmente por el Reino Unido agravan una controversia de soberanía reconocida por las Naciones Unidas.

Una estrategia para proteger los recursos nacionales

La solicitud judicial forma parte de un procedimiento arbitral iniciado por la Argentina el 28 de septiembre, en el marco del Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.

De esta manera, el Gobierno combina dos medidas en el escenario de la disputa: por un lado, restringir la difusión de información vinculada con determinadas compras militares y, por otro, avanzar por la vía internacional para intentar frenar la explotación de hidrocarburos en la zona en conflicto.

La decisión de clasificar las contrataciones como secreto militar abre interrogantes sobre el alcance de las restricciones a la información pública y el control de los gastos destinados al equipamiento de las Fuerzas Armadas.