El presidente paraguayo cuestionó que le hayan dado menos de 12 horas para responder a las acusaciones y presentar pruebas. Sin embargo, el titular del Congreso adelantó que la sesión continuará este viernes a las 10.

La crisis política en Paraguay sumó un nuevo capítulo. El presidente Santiago Peña solicitó una prórroga de 72 horas para preparar su defensa en el juicio político que enfrenta en el Congreso, pero el pedido tendría pocas posibilidades de prosperar.

El mandatario consideró insuficiente el tiempo otorgado para responder a las acusaciones. Según explicó en una nota dirigida al titular del Congreso, Basilio Núñez, recibió la notificación a las 22:15 del jueves, junto con un documento acusatorio de 15 páginas y anexos que reúnen aproximadamente 300 fojas.

Peña sostuvo que necesita más tiempo para elegir un abogado de confianza, analizar la documentación y ejercer plenamente su derecho a la defensa.

“Resulta insuficiente un plazo inferior a 12 horas para que un proceso cumpla los estándares de un Estado de Derecho”, expresó en su presentación.

El Congreso anticipó que continuará el proceso

Pese al planteo presidencial, Basilio Núñez adelantó que la tendencia entre los legisladores es rechazar la prórroga solicitada.

En declaraciones a Radio Mitre, el titular del Congreso afirmó que la sesión continuará este viernes a las 10, por lo que el proceso político seguirá adelante.

Ante las versiones sobre una posible salida del país, Peña aseguró que se presentará ante las instituciones correspondientes para responder a las acusaciones.

A través de sus redes sociales, manifestó que ejercerá su derecho a la defensa y se comprometió a entregar toda la información que le requieran las autoridades para esclarecer los hechos.

“La ciudadanía merece conocer la verdad, sin encubrimientos y sin que nadie esté por encima de la ley”, sostuvo.

La crisis que desató el juicio político

El proceso se originó en la crisis de Ueno Bank, luego de la intervención del Banco Central de Paraguay, que dejó a millones de clientes sin acceso inmediato a sus depósitos.

Las acusaciones contra Peña incluyen presuntas irregularidades relacionadas con operaciones financieras, empresas vinculadas a la entidad y el manejo de fondos previsionales.

En medio de la crisis institucional, también se produjeron cambios en el gabinete. Durante la noche del jueves, la Presidencia aceptó la renuncia de Enrique Riera como ministro del Interior y designó de manera interina a Carlos Humberto Benítez González, quien se desempeñaba como viceministro de Seguridad Interna.