La Justicia electoral de Brasil condenó a Meta a pagar una multa de 1,3 millones de dólares por incumplimientos relacionados con la transparencia y el tratamiento de contenidos durante la campaña presidencial.

La decisión fue adoptada por unanimidad por los integrantes del Tribunal Superior Electoral (TSE), tras una denuncia presentada por el equipo de campaña de Luiz Inácio Lula da Silva, que cuestionó el funcionamiento de las plataformas digitales de la compañía durante el proceso electoral.

La presentación sostenía que Meta habría aplicado un trato desigual a los contenidos políticos, restringiendo el alcance de publicaciones favorables a Lula y permitiendo determinadas acciones publicitarias que beneficiaban a la campaña de Jair Bolsonaro.

Entre los puntos denunciados figuraban la difusión de anuncios financiados desde el extranjero, publicidad negativa generada mediante inteligencia artificial y la eliminación de recomendaciones de publicaciones favorables al entonces candidato del Partido de los Trabajadores.

Los motivos de la sanción

Durante el juicio prevaleció el voto del magistrado Marco Aurélio Bellizze, quien señaló que el tribunal había solicitado a Meta información y aclaraciones mediante 17 medidas durante el proceso electoral.

Sin embargo, consideró que la empresa presentó respuestas incompletas, con información agregada, declaraciones genéricas y documentos en otros idiomas, lo que dificultó verificar los cuestionamientos planteados.

Los otros seis magistrados acompañaron la decisión, incluido el presidente del tribunal, Kassio Nunes Marques.

No obstante, los jueces aclararon que todavía no existen pruebas suficientes para determinar que Meta haya actuado deliberadamente con la intención de favorecer a Bolsonaro y perjudicar a Lula.

Por ese motivo, la multa no representa el cierre de la causa. El TSE continuará investigando si existió un trato desigual hacia determinadas candidaturas.

Meta rechazó las acusaciones

Durante el proceso, la defensa de la compañía sostuvo que las denuncias eran falsas e infundadas y negó haber favorecido a algún candidato.

La empresa argumentó que sus informes de seguimiento no demostraban parcialidad y cuestionó los análisis de terceros, al considerar que no contemplaban las diferencias entre las estrategias digitales de las campañas ni las visualizaciones repetidas de los contenidos.

Por otra parte, expertos vinculados a la Organización de las Naciones Unidas habían advertido sobre posibles restricciones a la libertad de expresión y diferencias en el alcance de publicaciones políticas durante el proceso electoral brasileño.

Entre los episodios mencionados figuraban suspensiones temporales de cuentas de campaña y restricciones que habrían afectado principalmente a perfiles vinculados a uno de los sectores políticos.

El debate por la regulación de las plataformas

La decisión judicial se produce en medio de una discusión más amplia sobre el poder de las grandes empresas tecnológicas y su influencia en los procesos democráticos.

En ese contexto, 48 organizaciones de la sociedad civil solicitaron al presidente Lula que impulse medidas para regular las plataformas digitales y establecer mecanismos de control sobre la eliminación de contenidos y la suspensión de cuentas.

El mandatario también manifestó públicamente su postura a favor de una regulación más estricta y cuestionó la influencia de las empresas tecnológicas en las elecciones.

La causa contra Meta continúa abierta y el tribunal deberá determinar si existió una intervención deliberada de la compañía para beneficiar a determinadas candidaturas.