🌤️ RESISTENCIA, CHACO

Juicio por violencia policial contra familias Qom: un testigo calificó de “correctos” los golpes a una de las víctimas

JUDICIALESHace 7 horasredacciónredacción

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Un polémico testimonio volvió a poner en el centro del debate el caso de violencia policial contra dos familias del pueblo Qom en Fontana. Durante la séptima audiencia del juicio oral, un efectivo de la Policía del Chaco calificó como “correctos” los golpes de puño que recibió Alejandro Delio Saravia dentro de su propia vivienda, durante un procedimiento que, según la acusación, se realizó sin orden judicial.

El testigo fue Jorge Daniel Fernández, oficial auxiliar que al momento de los hechos prestaba servicios en la Comisaría Tercera de Fontana. Su declaración también dejó expuestas contradicciones con los dichos que había brindado en 2020 ante el Órgano de Control Institucional (OCI).

La audiencia se desarrolló el jueves pasado en la Cámara Segunda en lo Criminal de Resistencia. Durante el debate se exhibieron videos de las agresiones y fotografías de las personas que presentaban lesiones.

Las contradicciones durante el testimonio

Fernández explicó que cumplía tareas administrativas en la dependencia policial y que conocía a la mayoría de los efectivos imputados.

Durante la audiencia identificó a los policías Latorre, Benítez, Lucena y Foschiatti. También reconoció a Sofía González en una de las secuencias audiovisuales en las que se observa una agresión contra una joven.

Sin embargo, durante el interrogatorio surgieron diferencias entre sus respuestas actuales y las declaraciones que había realizado el 15 de octubre de 2020 ante el OCI. En distintos momentos, el efectivo sostuvo que había sido obligado a declarar ante ese organismo.

La jueza Dolly Fernández le recordó que el personal convocado tiene la obligación de colaborar con las investigaciones. La Fiscalía también hizo referencia al artículo 98 de la Ley Orgánica Policial, que establece el deber de los efectivos de prestar colaboración.

Calificó como “correctos” los golpes contra la víctima

Uno de los momentos más tensos se produjo cuando se proyectaron las imágenes de la agresión contra Alejandro Delio Saravia dentro de su vivienda.

En un primer momento, el testigo evitó evaluar el accionar policial porque aseguró que no había participado del operativo. Sin embargo, ante la insistencia de la jueza, que le pidió definir si consideraba correcta o incorrecta la actuación de los efectivos, Fernández respondió que los golpes de puño habían sido “correctos”.

La Fiscalía también recuperó parte de su declaración anterior, en la que había reconocido haber observado personas lesionadas. La defensa objetó algunas preguntas sobre las fotografías exhibidas, al considerar que el testigo no tenía conocimientos médicos para determinar lesiones, pero el planteo fue rechazado.

La querella cuestionó las contradicciones

La representante de la querella, Karina Paz, presentó el acta de la declaración que Fernández había realizado ante el organismo de control en 2020 y señaló las diferencias con sus respuestas durante el juicio.

Por su parte, el Comité Provincial para la Prevención de la Tortura interrogó al testigo sobre los procedimientos que deben seguirse cuando la Policía interviene en la aprehensión de una persona menor de edad.

Las preguntas buscaron establecer cuáles eran las obligaciones de los efectivos y qué protocolos debían respetarse durante el procedimiento.

Los hechos que se juzgan ocurrieron en 2020

El caso se remonta a la madrugada del 31 de mayo de 2020, cuando efectivos de la Comisaría Tercera de Fontana ingresaron a una vivienda del barrio Banderas Argentinas. Según la acusación, el procedimiento se realizó sin orden judicial y dos familias Qom fueron víctimas de golpes, amenazas, vejaciones y otros actos de violencia institucional, tanto dentro del domicilio como posteriormente en la dependencia policial.

Diez efectivos policiales están imputados por distintos delitos. Entre ellos se encuentran acusaciones por allanamiento ilegal, vejaciones agravadas, falsedad ideológica, encubrimiento agravado y detención ilegal, según la participación atribuida a cada uno.

El juicio comenzó el 5 de octubre de 2026, luego de sucesivas suspensiones y reprogramaciones desde que la causa fue elevada a debate.

En el proceso intervienen como querellantes institucionales la Secretaría de Derechos Humanos y Género y el Comité Provincial para la Prevención de la Tortura. También participa la defensora oficial Karina Paz en representación de las víctimas.

Además, Amnistía Internacional Argentina interviene como “amigo del tribunal”.

A más de seis años de los hechos, el juicio continúa con la recepción de testimonios y la presentación de pruebas para determinar las responsabilidades de los policías acusados.

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