Tras la condena a Barraza: la Justicia ordena investigar presuntas irregularidades en organismos del Estado durante la gestión Capitanich
Tras la condena a Barraza, la Justicia ordena investigar presuntas irregularidades de gran magnitud en organismos estatales durante la gestión Capitanich
La sentencia contra el dirigente social Carlos Barraza, referente del Movimiento Trabajadores y Humildes (MTH), abrió la puerta a una serie de investigaciones judiciales que alcanzan a distintos organismos provinciales y a exfuncionarios que se desempeñaron durante la gestión de Jorge Capitanich. La jueza Glenda Vidarte de Sánchez Dansey ordenó profundizar las pesquisas por presuntas maniobras irregulares que podrían involucrar el manejo de fondos públicos y adjudicaciones estatales entre 2022 y 2023.
Durante la lectura del fallo, la magistrada dispuso que se amplíen las líneas investigativas sobre el ex IAFEP, SAMEEP y el Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda (IPDUV), además de movimientos sociales y particulares que habrían recibido recursos estatales sin cumplir los requisitos correspondientes.
Entre los pedidos de la jueza, se destaca la investigación sobre M. Andion y M. L. Moreno, exresponsables del IAFEP, por su presunta participación en la disposición de fondos a personas y organizaciones que no reunían las condiciones para acceder a ayudas económicas. Ambos fueron previamente imputados por supuesta malversación y administración fraudulenta, aunque recuperaron la libertad este año por decisiones del Superior Tribunal de Justicia.
La jueza también requirió indagar a quienes integraron la Secretaría de Ordenamiento Territorial y el IPDUV durante 2022 y 2023, por la adjudicación de RUBH (títulos de propiedad) y viviendas al propia Barraza y a terceros, así como la posible falta de controles sobre las construcciones realizadas en Villa Barberán.
Asimismo, ordenó abrir investigaciones sobre los movimientos sociales encabezados por R. Palacios y W. Ramírez, que habrían recibido y administrado fondos públicos cuya utilización deberá ser esclarecida. Otra línea apunta a presuntos delitos vinculados a SAMEEP que involucrarían a J. C. Barraza –padre del condenado–, a su exabogado R. Galassi y a otras personas allegadas.
Finalmente, la sentencia dispuso el decomiso de los bienes que habían sido confiados a Barraza, y que ahora quedarán en favor del Estado provincial.
Barraza fue declarado culpable y sentenciado a 10 años de prisión de cumplimiento efectivo, además de inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos. Con su condena firme, la Justicia chaqueña abre ahora un extenso mapa de presuntas irregularidades que deberán ser investigadas en profundidad.