Salta: una nena de 12 años se encadenó por temor a que la obligaran a abortar

Una nena de 12 años de la comunidad wichí protagonizó un dramático episodio en la Ciudad Judicial de Tartagal, al norte de Salta. La menor se encadenó en el edificio por miedo a que la Justicia intentara obligarla a interrumpir su embarazo de cinco meses, producto de un abuso sexual. Sin embargo, la citación judicial no tenía relación con la continuidad del embarazo, sino que era para que brindara declaración testimonial en la causa penal.

El origen del caso: una denuncia por abuso sexual
La investigación comenzó tras una denuncia realizada por la fiscal penal de Violencia de Género de Tartagal, luego de conocerse que la menor había sido víctima de abuso sexual en un paraje habitado por la comunidad wichí.
El acusado es un joven de 19 años, actualmente prófugo, sobre quien pesa una orden de detención por abuso sexual con acceso carnal.

La niña había sido convocada días atrás para declarar mediante el sistema de Circuito Cerrado de Televisión (CCTV), un método que busca resguardar su integridad y evitar su revictimización.

La protesta y la intervención psicológica
Al interpretar que la audiencia era para obligarla a interrumpir su embarazo, la nena se encadenó en el ingreso al edificio judicial junto a su madre y a la referente wichí Marcela Calermo.

Frente a la situación, una psicóloga del Ministerio Público intervino de inmediato para explicarle que la citación solo tenía como fin tomar su testimonio. También participó un intérprete para garantizar que tanto ella como su familia comprendieran correctamente el procedimiento.

Una vez aclarado el malentendido, la menor accedió a declarar y la causa pudo continuar su curso.

Acompañamiento médico y social
La directora de Materno e Infancia de Salta, Patricia Leal, relató que detectó el embarazo de la niña durante un operativo sanitario en la zona rural, cuando tenía aproximadamente ocho semanas de gestación.
Según explicó, la madre fue informada sobre todas las opciones legales disponibles —continuar el embarazo o interrumpirlo— y remarcó que “en ningún momento se la obligó a abortar”.

Desde entonces, la menor recibe controles médicos periódicos en el hospital de Tartagal. Es asistida por un equipo interdisciplinario compuesto por profesionales de tocoginecología, psicología, asistencia social y nutrición. Debido a que vive en una zona alejada, incluso fue internada para completar estudios clínicos.