La denuncia de Pérez Pons contra Cipolini terminó archivada: la Fiscalía no encontró delito
La resolución fue firmada este martes 15 de septiembre por los fiscales Gustavo Rafael Valero y Andrea Verónica Bastos, quienes analizaron las operaciones financieras realizadas por el municipio a través de la Bolsa de Comercio del Chaco.
El cierre de la causa representa un fuerte revés para la denuncia que había impulsado Pérez Pons, quien durante meses sostuvo públicamente cuestionamientos contra la administración del intendente Bruno Cipolini por el manejo de fondos municipales.
La Fiscalía no encontró delito
Entre los fundamentos de la resolución, los fiscales consideraron que las operaciones financieras cuestionadas se encontraban dentro de las facultades de administración del intendente y que no existía una norma que exigiera una autorización previa del Concejo Municipal para concretarlas.
Además, la Fiscalía tuvo en cuenta el Dictamen N.º 72/2026 del Tribunal de Cuentas, que aprobó sin observaciones la rendición de cuentas del municipio correspondiente al ejercicio 2025.
También fue considerada la Ordenanza Municipal N.º 9428/26, mediante la cual el Concejo Municipal ratificó posteriormente el acuerdo alcanzado entre el municipio y la Bolsa de Comercio.
Estos elementos fueron centrales para la decisión de cerrar la investigación penal.
También pidieron el sobreseimiento de Landriscina
En relación con Diego Landriscina, quien también había quedado involucrado en las actuaciones, la Fiscalía solicitó su sobreseimiento definitivo ante el Juzgado de Garantías y el posterior archivo de la causa.
De esta manera, el Ministerio Público Fiscal entendió que los hechos denunciados no alcanzaban relevancia penal, por lo que no correspondía continuar con la investigación bajo una acusación criminal.
Una denuncia que tuvo fuerte impacto político
La presentación de Pérez Pons había generado una fuerte repercusión política y judicial en Sáenz Peña. Durante el avance inicial de la investigación se realizaron allanamientos y se incorporó documentación vinculada con las operaciones financieras cuestionadas.
Ahora, con la resolución fiscal, la investigación penal fue archivada al concluirse que no se acreditó la existencia de un delito ni un perjuicio patrimonial municipal.
El dato central de la resolución es que la Justicia no avaló las acusaciones penales planteadas en la denuncia, aunque el archivo de la causa no convierte automáticamente en falsas todas las afirmaciones políticas realizadas durante el conflicto: lo que sí establece la Fiscalía, según la resolución conocida este martes, es que los hechos investigados no constituyen delito penal y no generaron un perjuicio patrimonial a las arcas municipales.