La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó un recurso presentado por las defensas de siete de los ocho condenados por el asesinato de Fernando Báez Sosa, ocurrido en enero de 2020 en Villa Gesell. El planteo cuestionaba el accionar de funcionarios judiciales durante las primeras horas de la investigación.

La decisión fue adoptada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes desestimaron la presentación impulsada por el abogado Hugo Tomei, que representaba a Matías Benicelli, Enzo Comelli, Ayrton Viollaz, Máximo Thomsen, Blas Cinalli, Ciro Pertossi y Lucas Pertossi.

Qué cuestionaban los condenados

Los siete sostenían que, durante las declaraciones indagatorias realizadas después de sus detenciones, no habían sido informados adecuadamente de los hechos que se les atribuían ni de las pruebas reunidas en su contra.

También cuestionaron las firmas y la confección de las actas de esas declaraciones, al considerar que no se habían respetado las garantías previstas en el Código Procesal Penal bonaerense.

En paralelo, Tomei había impulsado una denuncia por presunta falsedad ideológica de instrumento público, incumplimiento de los deberes de funcionario público y privación ilegítima de la libertad.

La presentación apuntaba contra la fiscal Verónica Zamboni, la defensora oficial Verónica Olindi Huespi, funcionarios del Ministerio Público Fiscal y el juez de Garantías David Mancinelli. Zamboni y Mancinelli habían intervenido en la etapa inicial de la causa por el crimen.

Un expediente que llegó hasta la Corte Suprema

En 2022, la Cámara de Apelaciones de Dolores admitió que los condenados fueran considerados particulares damnificados en esa investigación. Sin embargo, el expediente no avanzó como pretendía la defensa.

Tras una serie de apelaciones, la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires rechazó en 2025 un recurso de queja. Luego, el planteo llegó al máximo tribunal nacional, que ahora resolvió desestimarlo.

La decisión no modifica ni revisa las condenas por el asesinato de Fernando Báez Sosa. El fallo se refiere exclusivamente al planteo vinculado con la actuación de los funcionarios judiciales denunciados y representa un nuevo cierre para esa vía de reclamo.