En un operativo realizado en Mkalle, se detuvo una camioneta marca TOYOTA, modelo SW4, conducida por el ciudadano Germán Eduardo Oestmann. Durante la revisión, se consultó el sistema SIFCOP y se confirmó que Oestmann presentaba una prohibición de salida del país y de la provincia, impuesta por el Juzgado Federal de Sáenz Peña.
La orden judicial estipula que el procesado debe presentarse en el juzgado el primer día hábil de cada mes para cumplir con sus obligaciones legales. Además, se dio aviso a la Dirección Nacional de Migraciones para que tome conocimiento de la situación.
Posteriormente, se procedió a notificar al conductor sobre su obligación de comparecer ante la autoridad judicial, bajo apercibimiento de ley. Este incidente resalta la importancia de las medidas cautelares en el marco de los procesos judiciales y el cumplimiento de las normativas vigentes.
LA CAUSA
Corrupción: procesaron al rector de la Universidad de Chaco Austral vinculado a Capitanich
El rector de la Universidad Nacional de Chaco Austral (UNCAUS), Germán Oestmann, fue procesado por corrupción y fraude a la Administración Pública. La causa relacionada con el desvío de fondos del Estado destinados a la institución que dirigía. El juez federal Aldo Alurralde dictaminó este procesamiento, acusando a Oestmann de participar en una asociación ilícita. Y la cual habría buscado transferir recursos a fundaciones y empresas vinculadas a sus familiares y allegados.
La investigación reveló la triangulación de fondos mediante transferencias entre diferentes organizaciones. Incluyendo fundaciones y empresas que estaban bajo el control de personas cercanas a Oestmann. Se destacó que muchas de estas operaciones carecían de respaldos administrativos adecuados o eran deficientes, con auditorías de balances realizadas por contadores de otras entidades vinculadas, lo que generaba un contralor recíproco.
Además de Oestmann, otros 17 empresarios, directivos y empleados de la universidad fueron procesados por su participación en esta red de corrupción, que también involucraba actividades de lavado de dinero. El juez también les atribuyó delitos como malversación de caudales públicos, abuso de autoridad y violación a los deberes de funcionarios públicos.
La resolución del juez incluyó un embargo de 100 millones de pesos para cada uno de los procesados. Así como la prohibición de salir del país y la obligación de presentarse mensualmente ante el Juzgado Federal como parte de sus obligaciones legales.
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