El Gobierno busca establecer un límite del 1% mensual a los aumentos salariales para evitar un rebote inflacionario

El Gobierno Nacional ha intensificado la presión sobre los sindicatos para restringir los aumentos salariales, fijando como objetivo un límite del 1% mensual. Esto ha generado conflictos con los gremios que habían alcanzado acuerdos con incrementos mayores, lo que ha complicado las negociaciones y generado críticas en diversos sectores.

Uno de los casos más representativos es el del gremio de Camioneros, encabezado por Hugo Moyano. Aunque inicialmente el sindicato pedía un aumento del 5% mensual, finalmente se acordaron aumentos de 1,8% y 1,5% para enero y febrero, respectivamente. Desde el oficialismo, la postura es clara: evitar que las paritarias superen el techo fijado para asegurar que los avances en la reducción de la inflación no se vean comprometidos.

La Confederación General del Trabajo (CGT) ha respondido abriendo un canal de diálogo paralelo con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el asesor presidencial, Santiago Caputo. El objetivo de estas gestiones es obtener cierta flexibilidad en los límites impuestos. Sin embargo, mientras continúan las negociaciones, algunos sindicatos, como el de Sanidad, enfrentan la falta de homologación de sus acuerdos, lo que genera incertidumbre tanto entre los trabajadores como en las empresas.

El gremio de gastronómicos también enfrenta dificultades. Un convenio que preveía aumentos escalonados del 4% mensual entre noviembre y febrero fue rechazado por la Secretaría de Trabajo, que exigió renegociar los términos para ajustarlos al límite del 1%. Luis Barrionuevo, líder del sindicato, busca alternativas, como extender la vigencia del acuerdo, aunque las discusiones aún no han llegado a una resolución definitiva.

La presión del Gobierno ha generado un creciente malestar en la CGT, que acusa al Ministerio de Economía de dificultar los acuerdos salariales. Mientras tanto, los sindicatos advierten sobre el impacto negativo que estas medidas podrían tener en el poder adquisitivo de los trabajadores y en la recuperación económica. Las próximas semanas serán decisivas para determinar si el Gobierno logra mantener su estrategia o si deberá flexibilizar su postura frente a las demandas sindicales.