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La Cámara Federal de Casación Penal aceptó el recurso presentado por el fiscal Patricio Sabadini, quien de esta manera continuará al frente de la causa que investiga al dirigente piquetero Ramón "Tito" López y a miembros de su familia por presunto lavado de activos y asociación ilícita.
En octubre pasado, la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia había rechazado un recurso de queja del fiscal, presentado luego de que se denegara su apelación frente a una recusación promovida por la defensa del dirigente social. El planteo buscaba apartar a Sabadini del caso, al considerar que habría actuado de forma parcial.
La defensa de López argumentó que el fiscal había ocultado la existencia de una causa penal previa contra el acusado en una etapa anterior del proceso, y luego impulsó las imputaciones y detenciones del dirigente y de sus familiares. Además, lo acusaron de haber tenido actitudes inapropiadas durante la audiencia indagatoria, lo que —según su versión— ponía en duda su objetividad para seguir a cargo del caso.
Tanto la jueza subrogante Patricia García como la jueza de Cámara Rocío Alcalá coincidieron con esos argumentos y consideraron válida la recusación. También afirmaron que el artículo 61 del Código Procesal Penal no contempla la posibilidad de apelar en casos de recusación de fiscales, por lo que rechazaron el planteo de Sabadini.
Sin embargo, el fiscal elevó el reclamo a la Cámara Federal de Casación Penal, que finalmente falló a su favor. En su resolución, el tribunal decidió “hacer lugar al recurso de casación del Ministerio Público Fiscal, sin costas, casar y revocar la resolución recurrida y su antecedente necesario, remitiendo las actuaciones al tribunal de origen a sus efectos”.
Con esta decisión, Sabadini retoma formalmente el control de la investigación que involucra al dirigente piquetero y su entorno.
Después de ser encontrados culpables, el exdiputado recibió una sentencia de 14 años de prisión, mientras que su hermano Sebastián fue sentenciado a 12 años.
La defensa del abogado espera que el Juez de Garantías ordene el embargo del bien para que pueda salir en libertad, tras haber estado más de un mes detenido.
