







El sábado, luego de conocerse el veredicto del jurado popular que declaró culpables a César Sena y a sus padres, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, se produjeron momentos de tensión en el exterior del Centro de Estudios Judiciales. Allí, según registraron cámaras y testigos, los abogados defensores Ricardo Osuna y la doctora Mongelo fueron blanco de agresiones por parte de un grupo de manifestantes que aguardaba la salida de los letrados.
De acuerdo con lo que se pudo observar, los abogados fueron recibidos con gritos, empujones y lanzamiento de objetos, mientras personal policial intentaba resguardarlos y facilitar su salida del edificio. El episodio generó preocupación en el ámbito judicial y motivó una rápida reacción institucional.
En ese contexto, el Consejo de Abogados del Chaco emitió un comunicado en el que expresó su “enérgico repudio” a cualquier agresión, hostilidad o intimidación contra los profesionales que ejercen la defensa técnica en un proceso penal. El texto recuerda que un juicio solo es legítimo cuando se garantiza una defensa competente, libre e independiente para todas las personas acusadas.
Asimismo, el Consejo manifestó su solidaridad con los colegas afectados y exhortó a las autoridades a brindar protección inmediata tanto a los letrados como a sus familias, con el fin de resguardar su integridad física y el normal ejercicio de la profesión.
El episodio reaviva el debate sobre los límites entre la protesta social y el respeto por el funcionamiento de la Justicia, en una causa que conmociona al Chaco y al país.
El comunicado
Repudiamos enérgicamente toda agresión, hostilidad o intimidación contra los/as colegas que han asumido la defensa técnica de los/as imputados/as en el reciente Juicio por Jurados, que culminó con un veredicto mayormente condenatorio.
Un proceso penal solo es legítimo cuando garantiza a toda persona acusada la asistencia de una defensa competente, libre e independiente. Esa defensa no es un privilegio del imputado, sino una garantía constitucional que protege a la sociedad en su conjunto frente al ejercicio del poder punitivo del Estado. Los abogados y abogadas defensores son quienes, precisamente, aseguran que ningún juicio se transforme en un acto de venganza o castigo sin ley.
Lamentamos que el ejemplar desarrollo de este juicio, que ha suscitado gran interés público local y nacional y representa un avance en la democratización de la Justicia, se vea empañado por los actos de violencia sufridos por los defensores al concluir la audiencia de lectura del veredicto. Asimismo, resulta absolutamente inaceptable que se difundan por los medios datos personales y familiares de estos profesionales, exponiéndolos a riesgos intolerables en un clima de evidente tensión social.
Manifestamos nuestra plena solidaridad con los/as colegas afectados/as y exhortamos a las autoridades competentes a brindar de inmediato el resguardo necesario para la protección de su integridad y la de sus familias.
El respeto por la defensa en juicio es un pilar de la República: sin abogados que puedan ejercer sin miedo ni presiones, no hay juicio justo posible; sin juicio justo, no hay Estado de Derecho. Defender la dignidad y seguridad de quienes ejercen la defensa penal es, al mismo tiempo, defender la libertad y los derechos de toda la ciudadanía.




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