





Un fuerte escándalo sacude a la Municipalidad de Pinamar tras la difusión de un video en el que se ve a Norma Beatriz Watson, ex jefa de Tesorería, manipulando fajos de dinero dentro de su oficina. La empleada, de 59 años y con tres décadas de antigüedad en el municipio, fue despedida y enfrenta una causa penal por presunta defraudación al Estado.


La investigación y el inicio del sumario
El caso comenzó a investigarse a partir de irregularidades detectadas en las cuentas municipales. Según fuentes oficiales, el área administrativa advirtió inconsistencias en los registros contables y, desde el 24 de enero, inició un seguimiento sobre el trabajo de Watson, quien era responsable de presentar los informes de ingresos.
“El hecho se denunció en enero y recién ahora tomó estado público porque pudimos finalizar el proceso administrativo y proceder a su cesantía”, explicó el intendente Juan Manuel Ibarguren en diálogo con Clarín.
Tras detectar movimientos sospechosos, el municipio dio aviso a la Justicia y abrió un sumario interno. En ese marco surgió el video donde se observa a la funcionaria sentada en su escritorio retirando billetes de la caja y guardándolos en su cartera.
Las imágenes —registradas entre el 24 de enero y el 4 de febrero— forman parte de las pruebas aportadas en la causa. Los investigadores analizan un faltante superior a siete millones de pesos y maniobras como diferencias de caja, doble registración de ingresos y el presunto uso indebido de una cuenta administrativa.
La situación judicial de la ex funcionaria
La Junta de Disciplina municipal rechazó los descargos de Watson y convalidó el procedimiento realizado. Desde el Ejecutivo local señalaron que se trató de un abuso de funciones y que toda la documentación fue puesta a disposición de la Justicia.
Su defensa, en tanto, cuestionó la validez del material fílmico y sostuvo que el dinero era de su propiedad, argumento que no fue tenido en cuenta en la instancia administrativa.
Cómo sigue la causa
Watson quedó imputada y la investigación continúa bajo la carátula de defraudación al Estado. El municipio espera que la Justicia avance con las pericias contables para determinar el monto exacto del perjuicio económico.



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