Incidentes frente al Congreso: el Gobierno presentó denuncia por terrorismo

El Gobierno nacional presentó una denuncia por terrorismo contra personas señaladas por participar en los incidentes ocurridos frente al Congreso de la Nación Argentina durante el tratamiento de la reforma laboral.

La decisión fue confirmada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien sostuvo que la acusación apunta “a los responsables de los ataques” registrados durante la protesta.

“Atacar al Congreso de la Nación y agredir a las fuerzas de seguridad es un delito grave contra el orden constitucional”, expresó el funcionario en redes sociales, y agregó: “El que las hace, las paga”.

Identificación de presuntos implicados

En paralelo, el Ministerio de Seguridad Nacional, encabezado por Alejandra Monteoliva, informó que fueron identificadas 17 personas por su presunta participación en los disturbios.

Según detallaron, el trabajo incluyó:

• Análisis de cámaras de vigilancia.

• Registros televisivos.

• Material difundido en redes sociales.

• Coordinación entre fuerzas federales y la Justicia.

De acuerdo con datos oficiales, durante los incidentes fueron detenidas 71 personas, de las cuales 27 habían sido interceptadas en accesos previos a la movilización.

Hasta el momento, las autoridades indicaron que no se logró identificar a quienes arrojaron bombas molotov contra efectivos policiales, aunque la investigación continúa.

Elementos incautados y antecedentes

Monteoliva señaló que el objetivo de algunos grupos habría sido “desestabilizar las instituciones” y detalló que entre los elementos secuestrados se encontraron bombas molotov, bidones con combustible, bulones y otros objetos utilizados durante los enfrentamientos.

Según fuentes oficiales, varios de los detenidos cuentan con antecedentes por robo agravado, lesiones y otros delitos, aunque no todos presentan el mismo perfil. Sin embargo, ninguno de los identificados hasta el momento fue señalado como integrante del grupo que lanzó bombas molotov contra efectivos de la Policía Federal Argentina.

La causa quedó en manos de la Justicia federal, que deberá determinar responsabilidades penales en el marco de la denuncia presentada por el Ejecutivo.