Escándalo en Colalao del Valle: investigan a un funcionario de 65 años, apodado "Sugar Daddy", por una vida de lujo que genera dudas

Un fuerte revuelo político y social sacude a Colalao del Valle tras la difusión de imágenes y testimonios que ponen en el centro de la polémica al intendente Gastón Gustavo Morales, de 65 años, por el presunto estilo de vida de su pareja de 24 años y el origen de los fondos utilizados para viajes y bienes de alto valor.

Viajes, regalos y cuestionamientos

Según fuentes locales, la joven habría recibido recientemente regalos de alto costo, entre ellos un teléfono de última generación y una camioneta 0 km. Además, en redes sociales se difundieron publicaciones donde se la observa en destinos internacionales como Miami, Cancún y distintos puntos de Europa, en algunos casos junto al jefe comunal.

La situación generó sospechas y cuestionamientos sobre si los gastos podrían estar vinculados a recursos públicos, algo que aún no fue acreditado.

Reclamos vecinales y críticas a la gestión

Mientras las imágenes circulaban, vecinos manifestaron su malestar por problemas estructurales que —según denuncian— persisten en la localidad, como calles sin pavimentar, carencias en el hospital y demoras en obras públicas prometidas durante la campaña.

El contraste entre estas demandas y las versiones sobre gastos personales de alto nivel alimentó el debate en la comunidad.

Pedido de informes en el Concejo Deliberante

La controversia llegó al ámbito institucional, donde concejales opositores solicitaron informes formales para conocer el origen de los fondos utilizados en viajes y adquisiciones, y para determinar si existió uso indebido de recursos municipales.

Desde el entorno del intendente señalaron que se trata de cuestiones de su vida privada y negaron irregularidades administrativas, aunque hasta el momento no se difundieron documentos públicos que respalden esa postura.

Repercusión y posibles investigaciones

En redes sociales, el caso generó amplia repercusión y fuertes críticas, mientras que no se descarta la eventual intervención de la Justicia provincial si surgieran elementos que indiquen inconsistencias patrimoniales o posibles irregularidades.

Por ahora, el episodio continúa en desarrollo y se espera que en los próximos días haya definiciones políticas o judiciales que permitan esclarecer la situación.