Entró en vigencia el régimen para regularizar armas no registradas ante la ANMAC

Las personas que posean armas de fuego sin registrar o con documentación irregular podrán regularizar su situación ante la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC), tras la aprobación de la Ley 27.805, que establece un plazo de 360 días para realizar el trámite correspondiente.

La normativa, promulgada el pasado 10 de junio, busca incorporar al registro oficial aquellas armas clasificadas como de uso civil o uso civil condicional que actualmente se encuentren fuera del sistema de control estatal.

Según establece la ley, los propietarios deberán presentarse ante la ANMAC para iniciar el proceso de regularización. Luego de las verificaciones técnicas y registrales pertinentes, tanto el arma como su poseedor serán incorporados al Banco Nacional Informatizado de Datos del organismo.

Además, quienes no cuenten con la condición de legítimo usuario deberán tramitar simultáneamente la autorización correspondiente para la tenencia legal del material. En los casos en que existan impedimentos técnicos o registrales de gravedad, se podrán iniciar actuaciones administrativas o judiciales para determinar el destino del arma involucrada.

La ley también encomienda a la ANMAC la realización de campañas informativas sobre los riesgos asociados a la tenencia de armas de fuego y las alternativas disponibles a través del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego, que permite la entrega anónima y voluntaria del material.

Uno de los puntos centrales de la normativa establece una exención penal para quienes regularicen voluntariamente armas de uso civil o uso civil condicional que se encontraban en situación irregular. El beneficio regirá siempre que la persona no haya sido imputada judicialmente al momento de realizar la declaración ante la ANMAC.

La nueva legislación entrará en vigencia formalmente 30 días después de su publicación en el Boletín Oficial y otorga un plazo excepcional para que los poseedores puedan adecuarse a la normativa vigente sin enfrentar sanciones penales derivadas de la tenencia irregular.