Este jueves será una jornada clave en el juicio por la causa “Sueños Compartidos”, en la que están acusados, entre otros, los hermanos Sergio y Pablo Schoklender, el exministro de Planificación Federal Julio De Vido y el exsecretario de Obras Públicas José López.

El Tribunal Oral Federal N° 5 de Comodoro Py deberá definir si condena o absuelve a los nueve imputados por el presunto desvío de fondos públicos destinados a la construcción de viviendas sociales.

La audiencia comenzará a las 9:30, cuando los acusados tendrán la posibilidad de pronunciar sus últimas palabras ante los jueces Adriana Palliotti, Daniel Obligado y Adrián Grünberg. Luego, el tribunal establecerá el horario en el que dará a conocer el veredicto.

El debate oral se extendió durante aproximadamente seis meses y llega así a su etapa decisiva.

La Fiscalía pidió penas de hasta seis años

Durante los alegatos, el fiscal federal Diego Velasco y la Unidad de Información Financiera (UIF) solicitaron condenas por el delito de administración fraudulenta agravada en perjuicio de la administración pública.

Para Sergio Schoklender, Pablo Schoklender, Julio De Vido, José López y Abel Fatala, la acusación pidió seis años de prisión.

En tanto, para Daniel Nasif, Silvia Nasif, Carlos Castellano y Claudio Freidin, solicitó penas de cuatro años.

Además, para los exfuncionarios se pidió la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

La Fiscalía también reclamó el decomiso de $206 millones, monto que, según la acusación, habría sido desviado del programa. El pedido contempla que esa suma sea actualizada por inflación una vez que la sentencia quede firme y destinada a programas de viviendas sociales.

Qué se investiga en la causa

La investigación analiza el destino de los fondos que el Gobierno nacional transfirió entre 2008 y 2011 a la Fundación Madres de Plaza de Mayo para la construcción de viviendas sociales dentro del programa Sueños Compartidos.

Durante ese período se giraron cerca de $900 millones. Según la acusación, alrededor de $206 millones habrían sido desviados y parte de ese dinero habría terminado en empresas vinculadas a los hermanos Schoklender, quienes estaban a cargo de la administración del programa.

Las obras estaban previstas en distintos puntos del país, entre ellos la Ciudad de Buenos Aires, Santiago del Estero, Rosario y Ezeiza.

La investigación también detectó, según la acusación, proyectos que no llegaron a concretarse y situaciones en las que trabajadores no habrían cobrado sus salarios o recibido los aportes correspondientes.

Las defensas pidieron la absolución

Los abogados defensores de los nueve imputados solicitaron la absolución y plantearon, entre otros argumentos, que la causa estaría prescripta.

Ahora será el Tribunal Oral Federal N° 5 el encargado de determinar si los hechos denunciados fueron acreditados durante el juicio y cuál es la responsabilidad que corresponde a cada acusado.

La causa cuenta además con un segundo tramo relacionado con un presunto lavado de dinero, en el que se investiga el recorrido de parte de los fondos y su eventual llegada a empresas vinculadas con los hermanos Schoklender.